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Hoy cumple el ultimátum del TSLCLM 08/04/2014junio 9th, 2017

El portavoz del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha, Francisco Cañizares, ha asegurado hoy que el Gobierno regional va a cumplir con la sentencia que le obliga a readmitir a más de 400 interinos, si bien ha apuntado que «hay sentencias que son por su naturaleza complejas en su ejecución».

Cañizares se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas en rueda de prensa en el día en el que supuestamente finaliza el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJCM) a la Junta para que «se pronuncie expresamente» sobre si se opone o no a la ejecución provisional de la sentencia.


El portavoz del PP ha dicho que no puede hablar de plazos ni de escritos, pero ha aseverado que ha «oído» al consejero portavoz de la Junta, Leandro Esteban, y a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, de que «se va a cumplir, por supuesto, con las resoluciones en todos sus extremos».

«Otra cosa es que sean más o menos complejas y se haga dentro de los trámites judiciales abiertos ahora mismo», ha añadido Cañizares.

La presidenta de Castilla-La Mancha anunció el pasado febrero que readmitirá a los interinos despedidos en agosto de 2012 porque el recurso que ante el Tribunal Supremo no deja en suspenso la ejecución de la sentencia del TSJCM.

Frente a la disposición del Gobierno regional, ha apuntado que «hay otros que no asumen ningún tipo de responsabilidad por sentencias absolutamente desfavorables» y se ha referido a la sentencia del Tribunal Constitucional que rechaza el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra la supresión de los sueldos a los parlamentarios autonómicos.

Cañizares también ha acusado al anterior Gobierno socialista de ser «culpable de que en esta región» haya habido «tantos miles de personas se han quedado en la calle», pues «las políticas socialistas» llevaron a «impagos generalizados».

Así, ha apuntado que el Ejecutivo del PSOE dejó «una deuda de casi 11.000 millones de euros, 600.000 facturas en los cajones» y sin poder pagarse «casi» los salarios a los empleados públicos.

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