El Grupo Popular de la Diputación de Toledo ha denunciado hoy lo que considera «la falta de transparencia, la opacidad y la utilización política y sectaria que el tripartito de la institución provincial está haciendo de la Comisión especial de investigación sobre las viviendas propiedad de Diputación en la calle Cardenal Cisneros, negando el acceso del Grupo Popular a la documentación que va a ser examinada en dicha Comisión», la cual ha sido convocada para el próximo viernes 20 de noviembre.
Por eso pide la suspensión de la reunión del viernes hasta tener la referid documentación.
Los representantes del PP en dicha Comisión, Arturo García-Tizón, Emilio Bravo y Francisco Fernández, han presentado un escrito al presidente de la institución provincial, Álvaro Gutiérrez, en el que solicitan «la puesta a disposición inmediata de la documentación solicitada y la suspensión de la convocatoria hasta que no transcurran, al menos, dos días hábiles desde una nueva convocatoria al efecto con plena puesta a disposición a los miembros integrantes de la Comisión de la documentación que habrá de ser objeto de conocimiento, examen o debate en la misma».
Los populares explican en este escrito que, «en el día de hoy, actuando en uso de la autorización trasladada por el presidente de dicha Comisión para el acceso a los miembros de la misma para el examen de la documentación del referido expediente, y que según el traslado efectuado el pasado día 17 del mes en curso estaba a su disposición en los Servicios correspondientes, han solicitado el examen de esta documentación, examen que les ha sido denegada».
«IMPOSIBILIDAD DE CELEBRAR LA REUNIÓN»
Los populares aclaran que en el orden del día de la convocatoria se encuentra como segundo punto el examen de «documentación objeto de la Comisión», por lo que «a la vista del objeto de la convocatoria y de la denegación de examen de la documentación referida, parece clara la imposibilidad de celebrar la sesión convocada», al desconocer «la documentación que se va a examinar en la misma».
Asimismo, recuerdan que «en la última sesión de la Comisión Especial de Investigación celebrada, Arturo García-Tizón hizo constar su protesta por el hecho de haberse dado a conocer a los medios de comunicación la convocatoria y el orden del día de la misma con anterioridad a que se hiciera a los propios miembros de la Comisión, manifestando el presidente que «desde esta Presidencia no ha salido nada a los medios de comunicación que no haya pasado por esta Comisión, pero se tendrá en cuenta».
«Desgraciadamente en la nueva convocatoria ha vuelto a suceder que el contenido de la sesión a celebrar se ha dado a conocer antes a los medios de comunicación que a los miembros de la Comisión. Concretamente en el día de ayer martes esta convocatoria se dio a conocer a los miembros del Grupo Popular a las 14:30 horas, siendo así que desde las 10:30 horas de la mañana aparecía la información colgada en un medio de comunicación regional», han denunciado.
(Dicho «medio de comunicación regional fue encastillalamancha.es, que efectivamente sobre la mencionada hora, las 10:30, colgó la información en la que se informaba de la comparecencia única de Arturo García-Tizón en la reunión de la comisión del viernes 20 de noviembre).
«MALA FE DEL GOBIERNO DE LA INSTITUCIÓN PROVINCIAL»
Para el PP, «la corrección debida a los grupos políticos y la exigencia de un mínimo de transparencia en la actuación administrativa debían haber evitado estas situaciones. Pero no ha sido así y lo único que con las mismas queda claro es la mala fe del actual Equipo de Gobierno de la Institución provincial al utilizar torticeramente esta ilegal Comisión de Investigación para intentar producir un daño electoral al Partido Popular ante las inminentes Elecciones Generales, convocadas para el próximo 20 de diciembre».
Además advierten que «con tal proceder se está vulnerando el artículo 23 de la Constitución Española, que consagra el derecho de participación y acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, derecho que en el ámbito local, se desarrolla en los artículos 14 y 15 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales».
«La denegación de acceso a la documentación solicitada es contraria a dichos preceptos y violenta, sin causa legal alguna, el ejercicio legítimo de sus cargos por los miembros del Grupo Popular, máxime cuando han sido convocados para la celebración de una nueva sesión el próximo día 20, en la que deben tratarse asuntos recogidos en la documentación solicitada», han subrayado los miembros del Grupo Popular en su escrito.