La portavoz del PP de Castilla-La Mancha y senadora por Toledo, Carmen Riolobos, ha denunciado hoy el «frente de izquierdas radical» en contra de su partido, que representan PSOE, IU, UPyD, Podemos y Ciudadanos, al firmar un pacto para derogar la actual Ley de Dependencia en la región.
Riolobos se ha referido de esta forma tras el acto que tuvo lugar ayer, en Toledo, donde esas fuerzas políticas han suscrito un compromiso, en caso de tener representatividad suficiente tras los comicios del 24M, para defender los derechos de los dependientes.
Una reunión que ha sido convocada por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha, única organización que no apoyó la Ley de Garantías de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por las Cortes regionales por unanimidad el pasado 13 de noviembre y que establecía, entre otras medidas, dedicar a ese colectivo el 1 % del PIB regional.
Riolobos ha recordado que no es la primera vez que se produce este acuerdo anti PP, pues el pasado 15 de abril de 2015 este mismo «frente de izquierdas radical» firmó también el denominado ‘Pacto por la Sanidad Pública en Castilla-La Mancha’.
«Ninguna de estas formaciones políticas dijo en 2011 qué se debía hacer con una Sanidad pública que debía 5.000 millones de euros y 600.000 facturas impagadas por el anterior Gobierno socialista, situación a la que el actual Ejecutivo regional ha conseguido hacer frente», ha constatado.
Ha concretado que el Ejecutivo regional ha reunido hoy al Consejo Asesor de Servicios Sociales en el que están representadas las principales asociaciones del sector de la Discapacidad, con el CERMI a la cabeza, «para abordar los asuntos que verdaderamente importan a las personas con discapacidad».
Ha desvelado que, en la reunión, se han incluido novedades en el nuevo decreto que regulará la dependencia en Castilla-La Mancha, como poder compatibilizar el Centro de Día con el servicio de Ayuda a Domicilio o que las personas puedan recibir ayudas económicas para contratar servicios cuando no haya una plaza pública disponible.
Además, la Junta y las principales asociaciones han acordado poner en marcha prestaciones económicas específicas de hasta 3.600 euros al año para adaptar la casa o el vehículo, con el objetivo de que la persona dependiente no vea limitada su autonomía y movilidad.
Con ello, ha remarcado, se responde a una demanda del sector de la discapacidad, estableciendo mayores ayudas económicas que permitan la contratación de asistentes personales para las personas con discapacidad, a fin de que pasen de depender de terceros a tener una vida propia.
A juicio de Riolobos, el trabajo conjunto de estas asociaciones y el Gobierno regional permite incorporar propuestas para que las personas dependientes sean el centro de todas las decisiones en materia de Dependencia «sin que exista una intencionalidad política oculta, a diferencia de lo que ha ocurrido hoy con el pacto firmado por PSOE, Ciudadanos, Podemos, IU y UPyD», ha concluido.