La diputada regional del PP Carolina Agudo ha afirmado hoy que al PP le consta que el concejal de Empleo de Villarrobledo ha emprendido acciones legales contra la joven parada que le acusó de insultarla y «no vamos a permitir que el PSOE, día a día, siga manipulando hechos y engañando a los ciudadanos».
Así se ha pronunciado Agudo en una rueda de prensa ofrecida este mediodía en Toledo, después de que la diputada regional socialista Milagros Tolón, en otra rueda de prensa, haya pedido el cese «de manera inminente» de Andrés Martínez, quien supuestamente sugirió a una parada que se «metiera a puta» cuando fue a solicitarle un trabajo.
«Desde el PP nos consta que el concejal ha negado rotundamente todo lo que se dice sobre él y ha emprendido acciones legales contra esta señora», ha apuntado la diputada regional del PP.
Y ha apostillado: «no vamos a permitir que el PSOE, día a día, siga manipulando hechos y engañando a los ciudadanos de Castilla-La Mancha».
Por otro lado, la diputada regional del PP se ha referido al Debate sobre el Estado de la Nación que concluye hoy, donde, según ha afirmado, «han ganado los españoles y el presidente Rajoy frente a los agoreros que hace apenas dos años estaban gobernando y despilfarrando nuestro dinero arruinando así a España y Castilla-La Mancha».
Agudo ha hecho especial hincapié en la anunciada reforma del IRPF, de la que en Castilla-La Mancha se beneficiarán 18.369 trabajadores, lo que pone de manifiesto, ha agregado, que «los gobiernos del PP toman medidas para favorecer a los ciudadanos», de las que se van a beneficiar, sobre todo, las clases medias y bajas».
Según la parlamentaria «popular», esta postura contrasta con la de los gobiernos socialistas anteriores que «se han dedicado a vaciar las arcas, mientras que el Partido Popular las está llenando».
Refiriéndose al Pleno de las Cortes regionales que se celebra esta tarde, donde se tomará en consideración la proposición de ley impulsada por el PP para suprimir la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, ha dicho que esta medida va en la línea de racionalizar la administración regional y evitar duplicidades, como ya se ha hecho con la supresión del CES y del Defensor del Pueblo.