El PP quiere introducir nuevos ajustes en el gasto público regional con medidas voluntarias para el personal funcionario y estatutario y, al tiempo, dar la potestad al Gobierno regional para reducir hasta un 15 por ciento la jornada y la retribución del personal interino de la Administración de la Junta.
Así consta en la proposición de ley impulsada por el PP como acompañamiento a la ley de medidas complementarias para la aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos que se tramitará en un período extraordinario de sesiones y que, previsiblemente, se aprobará en agosto.
En el texto, consultado por Efe, se plantean nuevas medidas de reducción del gasto en el sector público, tanto para funcionarios (de carácter voluntario), como para interinos (de carácter obligatorio).
En concreto, se faculta al Gobierno para que reduzca la jornada y el sueldo de los interinos de la Junta y de las empresas públicas, siempre que se determine previamente el personal afectado, la duración de la medida y que la reducción no supere el 15 por 100.
Al margen de esta medida, todos los empleados públicos podrán solicitar la reducción de su jornada diaria, con la consiguiente reducción de sus retribuciones, ya sea trabajando menos horas al día o menos días a la semana, siempre sujeto al buen funcionamiento de los servicios públicos.
La proposición del PP establece que no se puedan sustituir a las personas a las que se les conceda esta reducción.
Además, quienes formen parte del personal funcionario de carrera y del personal estatutario fijo podrán pedir una excedencia voluntaria especial con una duración mínima de seis meses y máxima de tres años.
Tendrán derecho a la reserva del puesto de trabajo durante todo el tiempo que dure la excedencia, que además computará como prestado en dicho puesto a efectos de promoción interna, grado personal y reconocimiento de trienios.
Esas personas no podrán desempeñar otros puestos de trabajo en el sector público en ese tiempo y tampoco podrán ser sustituidos.
Otra de las medidas que pretende regular el PP es que el personal funcionario y estatutario pueda acceder a licencias por asuntos propios, sin retribución alguna y por una duración nunca superior a seis meses de cada año.
La concesión de esta licencia también está supeditada a las necesidades y al buen funcionamiento del servicio y quienes se acojan a ella tampoco podrán ser sustituidos.
Asimismo, el PP plantea que durante los dos años siguientes a la entrada en vigor de la ley (dos cursos en el caso de los docentes) no se concedan renovaciones en la permanencia de servicio activo, algo que ahora se permite hasta los 70 años.
En la exposición de motivos, los populares argumentan que la proposición es consecuencia de la necesidad de tomar «medidas complementarias de carácter extraordinario» para adaptarse a las «cambiantes necesidades» que se van produciendo por «factores exógenos difícilmente previsibles y que necesitan una atención inmediata».
La situación actual, afirma el PP, «exige de todos un esfuerzo continuo, gradual y constante» y es «imprescindible seguir trabajando en la profundización de la racionalización del gasto y de las funciones de la Administración» para conseguir «una región más eficiente y austera en la gestión de los servicios públicos».
Sostiene que Castilla-La Mancha se enfrenta en los próximos años a «uno de los retos más cruciales de su historia», con una deuda superior a los 10.000 millones de euros, y es necesario «adoptar las medidas necesarias y generar los puestos de trabajo que a lo largo de los últimos años se han destruido».
El PP explica que la nueva ley se enmarca en la continuidad de la reciente legislación autonómica citada y en la normativa estatal que plantea medidas de idéntico calado y en las necesidades impuestas por los nuevos presupuestos del Estado para 2012.
Además, añade que se trata de «un esfuerzo» que supera el ámbito nacional y que tiene un carácter supranacional debido a la implicación del resto de socios europeos, que a lo largo de los últimos años han adoptado las medidas de austeridad y eficiencia en el gasto que «ahora les permite crear empleo y riqueza y ayudar a los países que sufren déficit heredado».
Del mismo modo, aseveran que a través de esta ley se fomentan medidas que ayudarán a la conciliación de la vida familiar y laboral del personal de la Junta.