El PSOE presentará mociones en todos los ayuntamientos de España para pedir la retirada del anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local que prepara el Gobierno por considerar que «es un atentado a la autonomía local, un golpe de estado al municipalismo», en palabras del secretario general de los socialistas toledanos, Álvaro Gutiérrez.
Los socialistas creen que la nueva ley supondrá que los servicios que serán asumidos por las diputaciones «serán privatizados y los demás desaparecerán, ya que no van a poder ser asumidos por la Junta», ha precisado.
El PSOE llama a esta nueva ley la de la «privatización y la intervención de la Administración local». Consideran que supone un «golpe a la autonomía y a democracia municipales» porque a se rebufo «los servicios serán más caros y de peor calidad hasta llegar a su privatización, dado que el PP prima la rentabilidad económica a la social», insiste Gutiérrez.
Para el PSOE, la principal razón de la nueva ley, el ahorro, «es una falacia». Al respecto, Gutiérrez ha asegurado que la deuda de la Administración local no supera el 4 por 100 de la estatal, y se ha centrado en uno de los puntos básicos de la nueva norma, el que contempla la retirada de las competencias de los servicios básicos a los pueblos de menos de 20.000 habitantes, la casi totalidad de los de la provincia y la región, para que sean asumidas por las diputaciones.
Ahondando en el asunto de la deuda de la Administración local, ha asegurado que, «de ese 4 por 100 de deuda total, el 25 por 100 se la lleva solo el Ayuntamiento de Madrid, con más de 7.000 millones».
El PSOE critica además que sea alguien no elegido directamente por los electores, como el presidente de una diputación, «el que pueda externalizar la prestación de los servicios en beneficio de empresas privadas y sea él mismo el que ponga los precios», afirma. «Solo falta que sea el gobernador civil el que designe a los alcaldes», ha añadido con sorna, y ha agregado que su partido «está por la racionalidad de la Administración local, pero no de esta manera».
Gutiérrez se teme además que «los servicios no asumidos por las diputaciones, desaparecerán», porque no creen que la Junta actual, «que es la que está haciendo desaparecer los servicios públicos», ha dicho, se haga cargo de ellos.
EL PSOE CREE QUE LA LEY PODRÁ SER IMPUGNADA EN LOS TRIBUNALES
Gutiérrez ha estado acompañado por Santiago García Aranda, que además de alcalde de Villacañas es secretario de Política Municipal en el Comité Ejecutivo Provincial del PSOE. Aranda ha asegurado que el anteproyecto de ley «confunde las competencias impropias (las que por motivos económicos se ven obligados asumir los ayuntamientos) con la duplicidad», y ha afirmado que aquel vulnera legalmente dos principios básicos: el de la subsidiariedad (por el que los servicios deben ser prestados por la Administración más cercana al ciudadano) y la Carta Europea de la autonomía local. Por todo ello, cree se abrirá la puerta a la impugnación de la ley ante los tribunales.
Asimismo, García-Aranda cree que la nueva norma que prepara el Gobierno «no mejorará la financiación local, no recortará sino aumentará el personal y abrirá la puerta a la financiación extra a cargo de los ayuntamientos».