La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha indicado que la paralización del proceso de reasignación de plazas de conductores es «un hito más en la gestión de la política de recursos humanos» del Gobierno regional, que acumula varias decisiones judiciales contra sus medidas.
En una nota de prensa, Maestre se ha referido a la paralización cautelar del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) del proceso de reasignación de plazas de 76 conductores de la Junta de Comunidades y ha comentado: «a cada medida sobre empleados públicos del Gobierno de Cospedal una decisión judicial contraria».
A su juicio: «hace tiempo que el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Leandro Esteban, debería estar fuera del Ejecutivo», por esta serie de decisiones judiciales contrarias.
Maestre ha asegurado que con el plan de recursos humanos de los conductores, el Ejecutivo autonómico «pretende que la mitad de estos profesionales, que se sacaron su plaza por concurso, sean destinados a cualquier otra labor, y que ese nuevo destino sea decidido de manera discrecional por el Gobierno».
Según la portavoz socialista: «pretender obligar a trabajar en cualquier otra cosa a conductores que se sacaron su plaza y que han venido haciendo su trabajo sin tacha desde hace muchos años, mientras se contrata de la calle, a dedo, como asesores de libre designación, a personas afines al PP para hacer este trabajo es mezquino, y puede ser también ilegal».
Por otra parte, ha dicho que caso de los 500 interinos despedidos en agosto de 2012 y que deben ser readmitidos «ya clama al cielo».
Maestre ha recordado que los interinos «siguen en su casa, en el paro, agotando sus subsidios» y que la factura para la Administración regional «va ya por los 30 millones de euros».
Asimismo, ha criticado que la presidenta regional, María Dolores de Cospedal pretenda «darse un baño de propaganda», anunciando que va a devolver el 25 por ciento de la extra de Navidad de 2012, «cuando en realidad toma esa decisión obligada» por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro y por los tribunales.