El Grupo Socialista ha dado a conocer dos nuevas condenas por despidos improcedentes contra la presidenta de la Diputación de Guadalajara, Ana Guarinos. Una de ellas se refiere a un trabajador del Centro Local de Innovación y Promoción Económica (Clipe), que la sentencia obliga a readmitir, además de abonarle los salarios correspondientes al tiempo que ha estado despedido, y otra a un agente de desarrollo local, que deberá ser indemnizado con más de 30.000 euros. Además, todavía están pendientes los juicios de otros cinco agentes de desarrollo local que también fueron despedidos y, previsiblemente, se saldarán con el mismo resultado.
María Antonia Pérez León y Julio García.
Según ha explicado la portavoz socialista, María Antonia Pérez León, «solo con estas sentencias, estaríamos hablando de más de 200.000 euros de dinero público, que pagamos todos los ciudadanos, despilfarrados por Guarinos en ajustes de cuentas privados». De hecho, en una de estas últimas sentencias, el juez señala que la improcedencia del despido es «evidente, palmaria y patente». A juicio de Pérez León, esto pone en evidencia que Guarinos tan solo «quería quitarse de en medio a esta persona», aun a sabiendas de que el despido iba a ser declarado improcedente. «Cada vez que alguien le cae mal a Guarinos, al final acaba costándonos dinero a todos. Seguro que se lo pensaba más si tuviera que pagarlo de su bolsillo», ha afirmado.
También ha recordado que hace menos de una semana se confirmaba otra condena por el despido, en la que el juez apreciaba «motivos políticos y trato vejatorio y discriminatorio». En este caso, el trabajador también ha tenido que ser readmitido y, además de abonarle los salarios de todo el tiempo que estuvo despedido, la Diputación ha sido condenada a pagar una indemnización por acoso moral.
EL GASTO…
Aunque estos casos se han acumulado en pocos días, Pérez León ha afirmado que se trata de una constante desde que Guarinos llegó al gobierno. Así, ha recordado los despidos de monitores deportivos, miembros de la Banda de Música, personal de encargado de la Agenda 21 o el gerente del Consorcio de Residuos. «Estamos hablando de entre 70 y 75 personas que han sido despedidas, en todos los casos de manera nula improcedente, según ha dictaminado después el juzgado, con un derroche de dinero público que seguramente supera el millón y medio de euros en total, entre indemnizaciones, salarios de tramitación y abogados».
La portavoz socialista ha subrayado que nada tienen que ver todos estos despidos con una racionalización de la administración, porque los costes no han disminuido en absoluto. «Se gastaron 80.000 euros en despedir al anterior gerente del Consorcio de Residuos para contratar a otro; desmantelaron el Clipe para crear otro servicio prácticamente igual; despidieron a los miembros de la Banda de Música y ahora está intentando reconstruirla, y despidieron a monitores deportivos para pagar a una empresa por hacerse cargo de esas actividades. No estamos hablando de ahorro en ningún caso, sino de gastos estériles, que no generan ningún beneficio para la Diputación ni para provincia», ha concluido.