El secretario general del PSOE en Albacete, Manuel González Ramos, se ha desplazado hasta Toledo, a la sede de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, junto con los 41 alcaldes socialistas de esa provincia para presentar, de manera formal y por escrito, la reclamación de la deuda que la Junta de Comunidades mantiene con estos consistorios.
Como ya hicieran los primeros ediles socialistas de la provincia de Toledo, González Ramos ha insistido en una exigencia a Cospedal: “Que deje de discriminar a los ayuntamientos gobernados por el PSOE porque sabemos que sí está pagando a los gobernados por el PP, mientras a los nuestros los está asfixiando”. Y ha asegurado que a los alcaldes del PSOE la Junta no les ha pagado ni el 5 por 100.
El líder socialista albaceteño desmentía, como también lo hacían las alcaldesas de los municipios de Carcelén, Barrax, El Salobre y Casas Ibáñez, las declaraciones efectuadas hace unas semanas por el consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, en las que señalaba que la Junta había abonado ya cerca del 35 por 100 de los pagos pendientes a los ayuntamientos de la región.
Muy al contrario, González aseguraba, con datos en la mano, que en el caso de los municipios gobernados por el PSOE en la provincia de Albacete esa cantidad no llegaba, en ningún caso, “al 5 por 100”, y cifraba la cantidad que el Ejecutivo de Cospedal aún no les ha pagado en “más de 17 millones de euros”.
Una situación que, según el dirigente socialista, está dando lugar a que “haya ciudadanos de primera y de segunda en Castilla-La Mancha, en función del color del alcalde que haya en cada municipio”.
«Pero si políticamente es condenable este hecho, más lo es todavía desde el punto de vista de la vida diaria los ciudadanos de las localidades a las que Cospedal no paga», ha añadido.
Así lo ponían de manifiesto todas las alcaldesas que atendían en Toledo a los medios, cuando señalaban que llevan un año y medio «sin cobrar un euro en las partidas que la Junta debe financiar y que son esenciales para los vecinos, porque afectan a las políticas sociales».
En este sentido, denunciaban sobre todo los impagos y «los retrasos de la administración regional a la hora de pagar servicios como las guarderías para los niños de 0 a 3 años, la ayuda a domicilio, la limpieza de los centros escolares y los planes concertados de servicios sociales». Y es que, después de 18 meses, decía, la situación ya es hoy “insostenible y asfixiante para las arcas de los ayuntamientos que, por compromiso con sus ciudadanos, están adelantando el dinero que cuestan esos servicios».