El portavoz del grupo socialista de Cabanillas del Campo (Guadalajara), José García Salinas, ha anunciado la presentación de una denuncia ante la Fiscalía de Guadalajara contra el alcalde la localidad, Jaime Celada (PP), por un presunto delito de prevaricación.
García Salinas ha explicado que la denuncia se produce tras la intervención de Celada en el proceso para cubrir la plaza de vicesecretaría de intervención del Ayuntamiento, por disolver el tribunal del concurso público «cuando vio que las cosas no iban a salir a su gusto», según ha indicado en una rueda de prensa.
La denuncia del PSOE, formalizada el martes, llega después de que el alcalde nombrara, y tomara posesión del cargo el pasado sábado, a una de las aspirantes, sin que se haya resuelto previamente el recurso de alzada presentado por otra de ellas.
«Lo que está en juego no es la credibilidad de Celada, que la tiene perdida desde hace tiempo, sino la imagen y el buen nombre de Cabanillas del Campo y de su Ayuntamiento», ha dicho el portavoz socialista, quien ha añadido que su partido «no puede quedarse cruzado de brazos ante indicios claros de irregularidades».
Según ha explicado, el tribunal, formado por cinco miembros nombrados para valorar los méritos de los aspirantes a la plaza, desarrolló su actividad con total normalidad hasta que el pasado 18 de septiembre se produjo una resolución provisional sobre la adjudicación de la plaza a una de las dos aspirantes que optaban a ella.
Sin embargo, pocos días después, la otra presentó un recurso de alzada por considerar que no se habían valorado correctamente sus méritos.
En estos casos, la ley prevé que el propio tribunal emita un informe sobre el recurso, pero esto nunca llegó a producirse porque el propio alcalde inició un expediente de recusación contra dos de los miembros del tribunal, pese a que habían sido aceptados sin problemas en la composición inicial, y después optó por disolverlo antes de que emitiera el informe preceptivo.
García Salinas ha explicado que estos hechos ponen en evidencia que Celada «ha utilizado medios presuntamente irregulares» para impedir al tribunal ejercer sus funciones.
Según la denuncia presentada por el grupo socialista, el alcalde podría haber incurrido en sendos delitos de prevaricación al disolver el tribunal de manera arbitraria, y también al otorgar la plaza cuando la convocatoria no está resuelta porque está pendiente de resolver el recurso de alzada.
García Salinas ha señalado que tienen constancia de que la persona que recurrió va a denunciar los hechos ante el tribunal contencioso administrativo y ha dicho que no se descartan «otras denuncias».