La diputada nacional y secretaria provincial de Sanidad y Servicios Sociales del PSOE de Toledo, Guadalupe Martín, ha denunciado que con las medidas aprobadas por el Gobierno del PP que preside María Dolores de Cospedal para el servicio de ayuda a domicilio los ciudadanos de la provincia de Toledo y de Castilla-La Mancha «están en puertas de sufrir un nuevo recorte».
Guadalupe Martín ha criticado la «obsesión recortadora» del PP y la presidenta Cospedal que «han dado un nuevo hachazo a un servicio muy valorado por los ciudadanos y que con el nuevo decreto que regula la prestación del servicio de ayuda a domicilio, publicado a principios de junio, se dañará, una vez más, a los usuarios y a los ayuntamientos».
Además, la diputada nacional ha asegurado que la inclusión de la modalidad de prestación mediante un «cheque-servicio» lo que supone «es una clara privatización».
Martín ha recordado que en dos años el Gobierno del PP ha reducido en un 31 por 100 el presupuesto destinado al servicio de ayuda a domicilio y si este año le han «quitado 5,5 millones de euros está claro que se reducirán usuarios, horas de prestación y el precio de la hora».
Son 4.653 los usuarios con que cuenta el servicio de ayuda a domicilio en la provincia de Toledo que da trabajo a 1.018 auxiliares que, como les ocurre a los ayuntamientos, aún no saben las condiciones en que va a quedar la prestación del servicio ni cómo les va a afectar los recortes del Gobierno de Cospedal.
«Porque, sin duda, se verán afectados, añadía Guadalupe Martín, como ya les pasó con el recorte que el PP aplicó en 2012 del 48 por 100 en las horas para los usuarios no dependientes, que obligó a los ayuntamientos a hacer sus ajustes para seguir manteniendo la ayuda a domicilio en sus pueblos a costa de reducir horas de presencia en sus casas y algunos consistorios, incluso, se plantearon renunciar al convenio».
Ahora los ayuntamientos están recibiendo una resolución por las horas de servicio que se han prestado de enero a junio, pero desconocen, al igual que los profesionales, qué va a pasar el resto del año, lamentaba la secretaria de Sanidad y Servicios Sociales.
«Los ayuntamientos no saben qué ocurrirá con el servicio a partir del 1 de julio, porque no se han publicado las condiciones de la prestación, ni las horas disponibles, ni el precio por hora, ni la frecuencia e intensidad de las mismas, ni las cuotas a aplicar», manifestaba para añadir que, además, «no se sabe cómo pueden acceder los usuarios a la nueva modalidad y, lo peor de todo, no se sabe si los puestos de trabajo de las auxiliares de ayuda a domicilio están asegurados o si se les va a reducir la jornada».
Guadalupe Martín teme que los más perjudicados serán los usuarios que no tienen reconocida su situación de dependencia porque «todo apunta a que recibirán un nuevo hachazo y, a principios de año, puede que la intención sea, incluso, que esta modalidad desaparezca».