El grupo socialista en el Congreso ha presentado una Proposición No de Ley relativa a la reforma de la ley electoral de Castilla-La Mancha, en la que denuncia que esta modificación vulnera tratados internacionales, ya que se ha aprobado sin consenso y a menos de un año de la celebración de los comicios.
El portavoz del grupo de diputados socialistas de Castilla-La Mancha en el Congreso, Alejandro Alonso, ha informado en conferencia de prensa de esta PNL, que será debatida en la Comisión Constitucional del parlamento y que, si bien no ha mostrado esperanzas en que salga adelante, sí ha confiado en que los argumentos que expone sean tenidos en cuenta por el Tribunal Constitucional a la hora de analizar el recurso a la norma.
El PSOE presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC por la reforma de la ley electoral en la región, que reduce de 49 a 33 el número de parlamentarios autonómicos, que fue admitido a trámite, si bien no prosperó otro recurso que los socialistas plantearon a este mismo tribunal por la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que posibilitó la reforma de la ley electoral.
Para Alonso, la reforma de la ley electoral es «un pucherazo electoral» que además «contraviene flagrantemente los tratados internacionales» suscritos por España relativos a las garantías de los procesos electorales, como por ejemplo el Tratado de la Unión Europea, el Manual de Observación Electoral de la UE y los principios de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa.
A su juicio, no respeta dichos tratados porque fue salió adelante sin el apoyo de otros grupos parlamentarios y porque se aprobó en julio de 2014, a menos de un año de las próximas elecciones autonómicas, que previsiblemente serán en mayo de este año.
Según ha expuesto Alonso, en el Manual de Observación Electoral «que tiene que ver con las garantías de los procesos electorales» se recoge, como de obligado cumplimiento, que cualquier enmienda o modificación que se haga, por parte de los estados miembros, de las leyes electorales, «deben ser acordadas de manera consensuada e incluyente».
Además, ha añadido que este manual establece que las normas no podrán ser modificadas con al menos un año de antelación a la convocatoria de los comicios y, en todo caso si se hiciera, esa norma nunca podría ser aplicada en los primeros comicios, sino que tendrían que ser utilizadas en sucesivas elecciones.
También ha afirmado que el Consejo de Europa exige que «cualquier estado que quiera incorporarse como miembro de pleno derecho acate los principios de consenso y no modificación de las normas electorales un año antes de la celebración de comicios».
En cuanto a la Guía de Transparencia de la OSCE, Alonso ha señalado que establece que los cambios en las leyes electorales solo pueden realizarse en «casos extraordinarios y siempre que exista consenso político y en la opinión pública».
Por todo ello, ha urgido al Gobierno de España a que «asuma su función constitucional de asegurar en España el cumplimiento de los tratados internacionales» en materia electoral y «proceda a revocar esta decisión que es injusta, antidemocrática y además vulnera» dichos acuerdos internacionales de obligado cumplimiento para el país.
«El PSOE no va a este tema dar por zanjado», ha advertido Alonso, quien ha defendido que el planteamiento realizado por el PSOE en esta PNL está «fundado en derecho y avalado por tratados internacionales».
Asimismo, se ha mostrado confiado en que todos los grupos de la Comisión Constitucional excepto el PP van a apoyar esta PNL, por ello ha pedido que «si alguien tiene todavía algo de conciencia democrática en el PP, lea los argumentos y acepte el debate», pues a su juicio «los argumentos son claros, tajantes y demuestran el pucherazo electoral».