domingo, 24 de noviembre de 2024
Según Cristina Maestre 11/08/2014junio 9th, 2017

El PSOE de Castilla-La Mancha estudiará la posibilidad de recurrir la gestión público-privada que se implantará en el nuevo Hospital Universitario de Toledo, un proceso que a su juicio «va a abrir la puerta a otras futuras privatizaciones» en la región.

La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, se ha pronunciado así tras conocer la próxima publicación de los pliegos para la licitación del proyecto del nuevo centro hospitalario anunciada por el Gobierno regional.


Maestre ha denunciado que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, está «decidida a llevar a cabo un negocio puro y duro» con la sanidad y ha criticado que vayan a publicarse los pliegos de «retapadillo», en el mes de agosto y en viernes.

«Después de más de tres años de Gobierno, toda Castilla-La Mancha sabe que uno de los afanes de la presidenta regional es venir a malvender la sanidad y a hacer negocio con la sanidad y la salud de todos los castellanomanchegos», ha aseverado la portavoz socialista.

Ha criticado que el actual Ejecutivo autonómico lleve «con las obras del Hospital paradas más de 1.000 días» y que haya dado «hasta cinco fechas distintas para su reanudación».

A juicio de la portavoz socialista, es «tomar por tonta a la gente» el afirmar que «con este modelo se ahorra y se presta mejor servicio».

Con ello, ha augurado que el servicio sanitario del nuevo Hospital de Toledo va a ser «peor» y, además, «va a salir mucho más caro», pues «sólo a la empresa que se quede con el mantenimiento y los servicios no asistenciales del centro, la Junta le va a dar 1.850 millones de euros».

«Así que afirmamos que el modelo de Cospedal es 663 millones de euros más caro que el que proponíamos los socialistas, con una construcción y gestión del Hospital enteramente públicas», ha aseverado.

Maestre ha añadido, además, que «lo que acaba ocurriendo siempre, en todos los casos, es que al final la empresa dice que no se calcularon bien los costes y la factura» que pagan todos los ciudadanos «acaba siendo un 20 por ciento más cara».

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