El grupo parlamentario socialista ha presentado en las Cortes de Castilla-La Mancha la proposición de ley que anula la jubilación forzosa a los 65 años de los funcionarios, aprobada por el anterior Ejecutivo del PP, y permite las prolongaciones de la permanencia en el servicio activo.
La proposición de ley, consultada por Efe y admitida hoy a trámite por la Mesa de las Cortes regionales, propone modificar la ley de Presupuestos Generales de la Junta para 2015.
Esta normativa establece, respecto de los funcionarios que no trabajan en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), la prohibición de conceder durante los años 2015 y 2016 nuevas prolongaciones o renovaciones de permanencia en el servicio activo.
Con la modificación propuesta, se permite la prolongación de la vida laboral de los funcionarios «cuando, por diversos motivos organizativos, se considere necesario para la adecuada prestación del servicio público», y no sólo cuando sea necesario para causar derecho a la pensión de jubilación y cuando así se determine en los instrumentos de planificación y racionalización de los recursos humanos, tal y como se establece actualmente.
Además, concreta que la prolongación se concederá por un periodo inicial de un año desde la fecha de cumplimiento de la jubilación forzosa, con posibilidad de prórroga por idénticos periodos de duración, hasta los 70 años.
En el caso de que sea necesario para causar derecho a la pensión de jubilación, se concederá por el tiempo imprescindible, y en el tercer caso, se aprobará en los supuestos y en los términos previstos en el correspondiente instrumento de planificación y racionalización de los recursos humanos.
La proposición de ley también recoge, respecto al personal del Sescam, que la prolongación de la permanencia en el servicio activo se rija por su propia normativa y por lo dispuesto en el correspondiente plan de recursos humanos al que se refiere dicha normativa propia.
Precisamente, en julio de 2013 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (TSJCM) anuló el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del Sescam aprobado por el anterior Ejecutivo en lo referente a la jubilación forzosa de los médicos a los 65 años, una sentencia que el actual Gobierno socialista ha anunciado que no recurrirá.
La prohibición de conceder nuevas prolongaciones durante los años 2015 y 2016 fue aprobada por el Gobierno de María Dolores de Cospedal después de que finalizara la vigencia temporal de dos años de la ley de acompañamiento a la ley de medidas complementarias de 2012 para la aplicación del conocido como plan de ajuste, que prohibía conceder nuevas prolongaciones y exigía finalizar las concedidas.
Una vez finalizada su vigencia, este tipo de medidas para reducir las posibilidades de que el personal funcionario se jubile después de los 65 años fueron incluidas en la ley de Presupuestos Generales de la Junta de 2014 y 2015.