El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha ha presentado más de medio centenar de enmiendas a la ley que desarrolla el plan de ajuste del Gobierno Cospedal. Entre ellas figura no rebajar el sueldo a los funcionarios, ni incrementar su jornada laboral, como propuso la presidenta. Sin embargo, el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, a quien todo el mundo ve como próximo líder regional del PSOE, acaba de anunciar una ampliación de jornada de los funcionarios del ayuntamiento de la capital como medida de ahorro.
El PSOE propone en sus enmiendas a la ley por la que se amplía el plan de ajuste que no se reduzca el sueldo ni se amplíe el horario de los empleados públicos, que se mantengan los libros de texto gratis y que no se suprima la obligación de destinar el 6 por 100 del PIB a Educación, sino que se retrase a 2014.
Así consta en las 55 enmiendas del grupo parlamentario socialista al proyecto de ley de medidas complementarias al Plan de Garantías de los Servicios Sociales Básicos, consultadas por Efe después de que el pleno de las Cortes rechazara ayer la enmienda a la totalidad presentada por el PSOE.
En sus enmiendas, el PSOE plantea que la jornada laboral de los empleados públicos siga siendo de 35 horas y no de 37 horas y media, como plantea el proyecto legal, y también plantea una congelación en sus salarios en vez de una reducción de un 10 % en el complemento específico que perciben, con un máximo de un 3 % de su salario.
En cambio, para los altos cargos de la Administración, el PSOE propone una rebaja salarial de un 3 por ciento, en lugar de «hasta un 3 por ciento», como recoge el proyecto legal, pues los socialistas consideran que la actual redacción abre la puerta a reducciones mínimas de un 0,1 por ciento.
Además, las enmiendas socialistas piden la supresión del artículo que establece que en 2012 no habrá Oferta de Empleo Público.
El PSOE también quiere que la ley deje claro que en ningún caso los maestros podrán dar más de 23 horas lectivas a la semana ni los profesores de secundaria y Bachillerato más de 18, cuando la ley se limita a plantear que la jornada se fijará mediante reglamentos.
Otra de las enmiendas pide que se elimine la rebaja del precio de las guardias del personal sanitario en un 15 por ciento y otra propone suprimir el artículo en el que se limita la compensación por las bajas médicas.
Buena parte de las enmiendas socialistas tratan de evitar los cambios en el sistema educativo, en concreto que se suprima la obligatoriedad de destinar el 6 por ciento del PIB a Educación, medida que propone aplazar hasta 2014, una vez superados los actuales problemas económicos.
El PSOE intentará con otras enmiendas que se mantenga la gratuidad de los libros de texto y los materiales educativos, del transporte escolar y del servicio de comedor escolar para todos los alumnos de la comunidad.
Los socialistas se oponen además a que se elimine la obligatoriedad del Gobierno de mantener escuelas en los pueblos donde haya al menos cuatro alumnos y a que se elimine la gratuidad del transporte escolar.
Tampoco quiere la oposición que se cambie la ley de cooperación al desarrollo, pues considera que, entre otras cosas, supondrá quitar la obligación de destinar el 0,7 % del PIB a esta materia.
En materia de servicios sociales, pide el PSOE que se suprima el artículo por el que se cambia la ley, pues cree que supone eliminar la universalidad de la teleasistencia para mayores de 70 años e introducir el copago en esa materia y abrir la puerta a hacerlo en la valoración de la ley de dependencia.
El PSOE propone añadir una disposición adicional en la que se obligue a que toda competencia que asuma un ayuntamiento cuando corresponda a la Junta reciba la correspondiente financiación.
Por último, los socialistas se oponen a que la ley suponga la supresión de la ley de garantías de acceso a la vivienda.
Por su parte, el PP ha presentado trece enmiendas al texto, en su mayor parte de carácter técnico, pero en una de ellas suprime la ley por la que se regula el Servicio Público de Empleo, un organismo que va a desaparecer.
En otra de sus enmiendas, el PP propone que en ningún caso la retribución de los empleados públicos de la Junta será inferior a 1.192 euros brutos, de acuerdo con lo pactado con los sindicatos en 2009.