El PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha ha propuesto, en su enmienda a la totalidad al proyecto de ley para aplicar las medidas de ampliación del plan de ajuste contra el déficit, que la administración regional genere nuevos ingresos con tributos que recaigan en sectores causantes de la crisis.
Según la enmienda a la totalidad publicada hoy en el Boletín Oficial de las Cortes, el PSOE rechaza el texto del Gobierno regional porque «existe otra política económica alternativa», en la que se atienda la generación de nuevos ingresos tributarios para la Junta que no recaiga sobre las familias, sino «sobre sectores empresariales que no han sufrido con tanta virulencia los envites de la crisis» o «con sus prácticas han sido los causantes» de ella.
Esta enmienda a la totalidad al proyecto de ley de Medidas Complementarias para la Aplicación del Plan de Garantía de los Servicios Sociales, que pide su devolución al Consejo de Gobierno, será debatida en el próximo Pleno de las Cortes, previsto para el martes 7 de febrero.
En el apartado del aumento de ingresos, el grupo socialista también califica de necesario que el Gobierno regional reclame al central que los incrementos de recaudación que se produzcan por la subida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otros tributos se destinen a financiar los servicios esenciales para los ciudadanos, como la educación, la sanidad y los servicios sociales.
Ya que estas materias son todas competencias de las comunidades autónomas, el PSOE pide que el aumento de impuestos vaya a parar directamente a los gobiernos regionales.
En su enmienda, los socialistas ven necesaria la compaginación de las políticas de austeridad para cumplir el objetivo de déficit con la puesta en marcha, por parte de las instituciones, de medidas de incentivación económica que supongan un nuevo impulso a la actividad empresarial.
Para ello, el PSOE propone la implantación de un nuevo modelo de desarrollo económico basado en la apuesta por sectores de la «nueva economía», como las energías renovables, el medio ambiente y los servicios de cercanía para atención de diversos colectivos, así como la consolidación e internacionalización de sectores tradicionales como la industria agroalimentaria.
El PSOE argumenta su rechazo al señalar que el plan de ajuste supone un «desmantelamiento del entramado jurídico del estado de bienestar», que afecta a doce leyes, cinco de ellas aprobadas por la unanimidad de todos los diputados de las Cortes y ocho ni siquiera tienen dos años de vigencia.
En su enmienda a la totalidad, el PSOE de Castilla-La Mancha hace alusión al informe del Consejo Consultivo de la región, que apunta que «ni tan siquiera se ha cumplido con la obligación legal» de incluir los informes del Consejo Regional de Municipios y del Consejo Asesor de los Servicios Sociales, ambos preceptivos.
En el informe, el Consejo Consultivo -citado por el PSOE- pone de manifiesto que la sistemática de este proyecto de ley de «contenido heterogéneo» no resulta el medio más adecuado para introducir modificaciones en el ordenamiento jurídico, pues supone la alteración de doce leyes.
En concreto, hace alusión a la ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sobre la que el Consejo Consultivo dice que «hubiera sido más aconsejable la tramitación de un proyecto de ley nuevo».
El PSOE lamenta que el proyecto de ley supone la materialización jurídica de los dos planes de recortes del Gobierno autonómico, que no sólo no van a crear empleo sino que van a destruirlo y vaticina que van a provocar una caída de la actividad económica y en consecuencia del PIB de la región, que se verá abocada «a una profunda recesión económica», que a medio plazo generará nuevos recortes del Ejecutivo autonómico por el descenso de los ingresos.