La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha ampliado por tercera vez la querella interpuesta contra el ex director general de Deportes y ex atleta Roberto Parra en relación con la adjudicación de obras no ejecutadas en municipios de la región.
El consejero portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Leandro Esteban, ha informado en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno de esta ampliación que han presentado ante los juzgados los servicios jurídicos de la Junta, tras detectar presuntas irregularidades en obras pagadas y no ejecutadas en El Pozo de Guadalajara (Guadalajara) y en Abenójar (Ciudad Real).
Esteban ha detallado que se trata de obras relacionadas con equipamientos deportivos que «nunca se realizaron», pero por las que se pagaron 57.700 euros en el caso de El Pozo de Guadalajara y 55.180 euros en Abenójar.
Esta nueva ampliación denuncia «los mismos asuntos, sobre las mismas personas y las mismas empresas» que en la querella inicial, por lo que a juicio de Esteban de trata de «una trama organizada en el ámbito del deporte» en la que los supuestos implicados «se dedicaban a recibir dinero por obras que nunca se realizaban».
De este modo, la Junta ha realizado la tercera ampliación de la querella inicial presentada en mayo de 2012 contra Parra y el ex director general de Educación Tomás Hervás por la adjudicación a la empresa Tecdeco de obras que se contrataron y no se realizaron en el polideportivo Príncipe Juan Carlos de Ciudad Real y por las que se pagaron más de 70.000 euros: 57.449 por la reforma del graderío de la pista de atletismo y 12.951 por la reforma de los vestuarios.
En noviembre de 2012, la Junta amplió la querella por las obras que supuestamente se realizaron en el polideportivo de Alovera, en el Corredor del Henares, en Guadalajara, por las que se pagaron 53.289 euros, ante la posibilidad de presuntos delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos.
Y en enero de este año, la Administración regional también detectó un presunto fraude, en el que supuestamente Parra, en calidad de director general, contrató a Tecdeco, que estaba en unión temporal de empresas con otras sociedades que habían empleado al exatleta antes de ser nombrado alto cargo.
Estas actuaciones pueden constituir, según los abogados de la Junta, delitos de prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental.
En total, la Junta calcula que presuntamente el dinero malversado suma 236.000 euros.