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18/04/2012junio 13th, 2017

Tras la cena interruptus del Lunes Santo, de la que informamos en encastillalamancha.es y el enfado que causó en el PSOE la presentación unilateral por parte del PP de una proposición de ley electoral, los socialistas daban por roto el diálogo con el PP y el Gobierno. Al malestar se sumaba la falta de respuesta de María Dolores de Cospedal a la solicitud de entrevista de Emiliano García-Page tras ser elegido secretario general del PSOE en Castilla-La Mancha.

Pues bien, en diversas fuentes consultadas por encastillalamancha.es se considera como probable que PP y PSOE retomen las conversaciones de alguna manera a lo largo de la jornada.


Las aguas pueden volver hoy al cauce del diálogo. O al menos eso es lo que parece que intentarán los interlocutores citados en la cena interruptus del Lunes Santo para abodar la reforma de la ley electoral y otros asuntos de política regional.

Quizá haya diálogo, pero el acuerdo no es fácil, ya que el PP mantiene para mañana el debate parlamentario para la aprobación de la ley electoral y el PSOE ha pedido públicamente que se retire el texto como prueba de voluntad de acuerdo.

A poco más de 24 horas para que las Cortes aprueben la ley electoral, parece por lo tanto probable que haya conversaciones, pero lo que nadie se atreve a aventurar es el final de las mismas si se producen, ya que el acuerdo no parece fácilmente alcanzable en este momento.

Y es que, de retomarse el diálogo, no solo está pendiente cerrar un acuerdo con la ley electoral, sino que también quedan pendientes otros asuntos sobre instituciones regionales y, sobre todo, la fecha y la agenda de un próximo encuentro entre la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y el nuevo jefe de la oposición, entrevista solicitada por Emiliano García-Page tras ser elegido líder regional del PSOE a finales de febrero.

Como les informamos en encastilla-lamancha.es la cena que se suspendió el Lunes Santo tenía como participantes por parte del Gobierno, al consejero de Presidencia, Leandro Esteban; por parte del PP, al secretario general y presidente de las Cortes, Vicente Tirado; y por el PSOE, al secretario de Organización, Jesús Fernández Vaquero.

 

LOS NÚMEROS DE LA LEY DE LA DISCORDIA

La ley electoral presentada por el PP prevé que la cámara autonómica pase de 49 a 53 diputados en la próxima legislatura, distribuidos entre las cinco provincias de la siguiente forma: 13 para Toledo, 12 para Ciudad Real, 10 para Albacete, 9 para Guadalajara y los mismos escaños para Cuenca.

Por lo tanto, tres provincias impares: Toledo, Guadalajara y Cuenca; es decir, el que saque un voto más se lleva la mayoría de los diputados.

Y dos provincias pares, Ciudad Real y Albacete, lo que en la prática supone que si no hay una diferencia de 10 puntos o más entre el partido ganador de las elecciones en esa provincia y el segundo, los dos se llevan el mismo número de escaños.

Si no hay acuerdo entre PP y PSOE, la ley se puede aprobar solo con los votos del Grupo Popular, ya que el Estatuto de Autonomía solo exige mayoría absoluta para esta norma, lo que permitió que en 2007 el expresidente José María Barreda aprobara una ley que dejaba pares todas la provincias, salvo Ciudad Real, la circunscripción más favorable al voto socialista y, de hecho, la única de las cinco en la que ganó.

La ley vigente fue muy criticada políticamente por su falta de proporcionalidad y por la injusticia que suponía dejar todo el peso en una sola provincia, ni siquiera la más poblada. El resultado «popular» en Guadalajara, donde las diferencias con el PSOE fueron tan grandes que rompieron el empate en el reparto de escaños, impidió que se consumara la victoria socialista y cayera del lado de Cospedal.

El PSOE había advertido que de no llegar a un acuerdo presentarían su propia proposición de ley electoral, aunque no prosperase en la votación. Al parecer, la ley socialista, si llegara a plantearse, contempla que las cinco provincias sean impares y se incorpore un mecanismo de reasignación automática de escaños en función del crecimiento o la disminución de su población, siguiendo la filosofía de la ley electoral general.

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