El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta han dado el visto bueno a recurrir al Tribunal Constitucional el reparto del impuesto a la banca, que el regidor castellanomanchego ha definido como «trumpista» y «tramposo», puesto que se va a determinar por el PIB de las comunidades autónomas.
A la espera de lo que diga el Consejo Consultivo
Durante su participación en la colocación de la primera piedra de la nueva planta de la compañía noruega Hydro en Torija (Guadalajara), Page ha avanzado que tras obtener el visto bueno de los servicios jurídicos, su Gobierno está a la espera de que se pronuncie el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha para recurrir ese reparto.
«El reparto que se hizo de los beneficios bancarios del impuesto a la banca es lo más parecido a lo que se le hubiera ocurrido a Trump: es un reparto muy trumpista, también tramposo porque se hizo en el último momento y sin contar con ningún aval jurídico de ningún organismo jurídico del país», ha censurado Page.
«Que lo adopte un Gobierno que se dice progresista, me duele en el alma»
El presidente castellanomanchego ha incidido en que no discute «si se debe poner o no el impuesto a los bancos» porque «parece razonable que paguen más los que más tienen», pero ha considerado «dramático» que «se pueda defender como un valor de izquierda o de progreso que ese dinero que se obtiene de los que más tienen no revierta en los que menos, sino que vaya directamente a los que más tienen».
En otras ocasiones, Page ha censurado este reparto porque en su opinión responde a los pactos del Gobierno socialista de Pedro Sánchez con partidos independentistas y favorece a comunidades como Cataluña, en detrimento de otras «peor financiadas» como Castilla-La Mancha.
«Que lo adopte un Gobierno precisamente que se dice progresista, me duele en el alma y creo que contraviene con mucha claridad el planteamiento democrático y social que establece la Constitución española», ha aseverado.
Para Page, la Constitución establece «una pauta» y «unos objetivos» y «no vale la política a cualquier precio, ni el poder a cualquier precio, sino que hay que estar orientado lo más posible a los valores y a los principios que nos sostiene».