Izquierda Unida de Castilla-La Mancha va a poner en marcha una campaña de movilización contra la reforma del Estatuto de Autonomía que pretende el PP y contra la reducción a la mitad del número de diputados en las Cortes. Con ella busca explicar y concienciar a los ciudadanos a cerca de las consecuencias que tendría la medida del Ejecutivo de Cospedal, no solo por la disminución de los parlamentarios sino por el nuevo reparto de escaños por provincias que, según IU, vendrá después.
El coordinador regional del partido, Daniel Martínez, ha puesto de manifiesto que, además de las mociones que están presentando en los ayuntamientos, van a celebrar una comisión ejecutiva de la que saldrá la estrategia definitiva y el posicionamiento político de IU, a lo que suma las conversaciones con otras organizaciones políticas y sociales que iniciarán para construir un frente común.
Martínez ha vuelto a pedir a la presidenta que, «si tan segura está de que cuenta con el apoyo de la mayoría social», celebre un referéndum en el que los ciudadanos se pronuncien sobre la propuesta de modificación del Estatuto de Autonomía, a la que califica de «fraude electoral» pues «es algo que no incluyó el Partido Popular en su programa».
Desde las filas de Izquierda Unida sostienen que el «único motivo» que mueve a Cospedal con esta reforma es que «sus expectativas electorales no son positivas» y, «una vez que no ha podido dar el salto a Madrid, quiere cambiar la norma para continuar como presidenta de Castilla-La Mancha y seguir aplicando los recortes». «Con todo lo que está ocurriendo en la comunidad -las altas tasas de desempleo, el empobrecimiento de la población, los ajustes en sanidad y educación…-, no busca adecuar el Estatuto a las necesidades sociales ni atajar problemas como la vivienda, solo le interesa la ley electoral y manipular el reparto de los diputados en favor de sus intereses».
El coordinador regional considera inaudito lo que está pasando en Castilla-La Mancha pues «en ninguna otra región, e incluso en ningún otro país, cambian las normas de juego en cada legislatura».
IU rechaza estas revisiones del Estatuto de Autonomía, tanto por la disminución del número de diputados -lo que, sostiene, dificultará la llegada de partidos minoritarios a las Cortes-, como por los nuevos repartos de diputados que vendrán dictados «por lo que las encuestan digan a Vicente Tirado«, secretario general del PP de Castilla-La Mancha. Defiende la circunscripción única para que «ese reparto sea proporcional y caminemos hacia la máxima de una persona, un voto».
Si bien Martínez cree que la reforma la parará en Madrid el Congreso de los Diputados, ya que «sería la primera vez que sale adelante un estatuto de autonomía con los votos de un solo partido», propone que, en lugar de eliminar diputados, se reduzcan «los políticos elegidos a dedo que trabajan para la Junta», un número que cifra en 1.000 y que representa un coste de 57 millones de euros frente a los ocho millones de gastos que generan para las Cortes los 49 parlamentarios «elegidos por los ciudadanos».
UN BLOQUE POLÍTICO ALTERNATIVO AL BIPARTIDISMO
Preguntado por las encuestas, que mejoran sustancialmente los resultados de IU en unas elecciones regionales y que incluso le otorgan varios diputados, ha señalado que IU tiene un proyecto para hacer un bloque social y político alternativo al bipartidismo; «creemos que así se puede entrar en las Cortes con fuerza», a pesar de las intenciones del PP de «fulminar toda oposición».
Argumenta que lo que quiere Cospedal no es solo una reforma de la ley electoral, ya que lo que trata -indica- es de continuar con su «modelo político de derechas».
«CON LA ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LOS EX PRESIDENTES, EL PP QUIERE HACER UN LAVADO DE CARA»
Daniel Martínez da la bienvenida a la eliminación de los privilegios de los ex presidentes que llevará el PP al próximo Pleno del jueves. No obstante, cree que lo hace no por convencimiento político, sino por «conveniencia política» y por «necesidad para hacer un lavado de cara que ni siquiera así van a conseguir».
Critica que en las instituciones públicas no existan criterios de transparencia y participación ciudadana y que la línea a seguir sea «la que se le ocurre al partido de turno en el poder».