IU considera que la decisión de la Junta de reservar el 10 % de las viviendas de protección oficial (VPO) a familias que han sufrido un desahucio es una «medida raquítica y para salir del paso» y pide fórmulas efectivas, la primera de ellas paralizar todas las ejecuciones de desahucios en viviendas sociales.
En un comunicado de prensa, el coordinador regional de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Daniel Martínez, se ha referido al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno en su última reunión y que fue expuesto el viernes por la consejera de Fomento, Marta García de la Calzada.
Martínez dice que es «muy duro» pensar que miles de familias de Castilla-La Mancha perderán su casa «víctimas de los abusos bancarios» y que la «única medida» de la Junta es ofrecerles unas viviendas en régimen de alquiler, pero también subraya: «más duro se hace cuando resulta que esta medida es más de lo que hizo el Gobierno anterior».
IU considera que la medida de la Junta «se queda en poco más que un gesto simbólico, en una medida raquítica y para salir del paso» y propone, a su vez, varias medidas «efectivas», la primera de las cuales sería paralizar y dejar en suspenso todas las ejecuciones de desahucios en viviendas sociales.
También propone registrar todas las viviendas protegidas que han sido embargadas, crear unos servicios de información, asesoramiento, acompañamiento y mediación para intervenir en los procesos de desahucios y constituir, en colaboración con los ayuntamientos, un parque público de viviendas sociales para alquiler con el stock de viviendas existentes.
Daniel Martínez afirma que frenar los desahucios debe ser una prioridad «ya que supone un verdadero drama social para miles de familias víctimas de los abusos bancarios y de unos gobiernos más preocupados por rescatar a los verdugos que por atender a sus víctimas».