IU de Castilla-La Mancha ha presentado hoy el informe «Del derecho al agua, al negocio del agua» para reivindicar el servicio público del agua en todos los ayuntamientos de la región dónde está privatizado, y encontrar una respuesta política «inmediata».
Según ha señalado en rueda de prensa el vicecoordinador y secretario de convergencia regional de IU en la región, Juan Ramón Crespo, este informe pretende explicar a los ciudadanos las consecuencias de la privatización del agua en sus respectivos ayuntamientos y crear varios espacios de participación y propuestas de toda la ciudadanía para encontrar una solución.
Además, ha destacado que el equipo de trabajo de IU está en contra de la privatización de los servicios públicos que «son más caros y de peor calidad», ha asegurado Crespo.
En este sentido, ha hecho referencia a los setenta millones de euros que el Ayuntamiento de Toledo ha aportado a la empresa Tagus, y que proceden «de los bolsillos de los toledanos».
Por su parte, el responsable de Servicios Públicos de IU de Toledo, José María Fernández, ha dicho que el informe comenzó en 2013 con las irregularidades en el Ayuntamiento de Sonseca, donde se detectó «una importante regularidad» en el Ayuntamiento de la localidad «porque no disponía de un contrato de abastecimiento de agua y, después de un año, sigue sin dar respuesta», ha explicado.
La empresa adjudicataria del servicio de abastecimiento de agua en la mayoría de los municipios de la región es Aqualia, ha apuntado Fernández, quien también ha remarcado casos como el de Illescas, localidad en la que se privatiza el agua desde 2005 «por un canon anual de 25 años, de 271.000 euros, que podían haberse ahorrado los ciudadanos», ha criticado.
Asimismo, otros de los municipios analizados en el informe son Mocejón (Toledo), Alcázar de San Juan (Cuenca), Olías del Rey (Toledo), Valdepeñas (Ciudad Real), La Puebla de Montalbán, Burguillos o La Guardia (todos de Toledo).
Para IU «el agua es un derecho esencial por el que no pueden renunciar», ha subrayado Fernández, quien ha denunciado que «ninguna entidad asegure la calidad del agua».