La nueva licitación del contrato de ‘Control y seguimiento arqueológico de licencias municipales’ ha puesto en alerta al Grupo Municipal de Izquierda Unida-Podemos de Toledo que considera que «una ciudad Patrimonio de la Humanidad desde el año 1986 no se merece que en el año 2025 no tenga un servicio de arqueología municipal que garantice que los proyectos que se están anunciando a bombo y platillo en la ciudad tengan un servicio de control suficiente, necesario y obligatorio e, incluso, vinculante en las decisiones de los gobiernos municipales».
Txema Fernández ha defendido la necesidad de que la Concejalía de Patrimonio, «que aparentemente solo es nominal», tenga un criterio de control patrimonial de la ciudad bajo las directrices de un servicio arqueológico municipal –y no privado- de calidad «que sea útil a la Concejalía y no a los intereses del otorgamiento de licencias urbanísticas para la construcción en el casco histórico».
Recrimina que el servicio de arqueología esté privatizado desde el año 2014
Y es que, a la vista del nuevo pliego, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Toledo observa que «lo que no quieren es un control arqueológico, sino un servicio de recaudación».
«Quieren contratar un servicio para recaudar más dinero por las obras del casco histórico, pero no para controlar qué va a pasar con proyectos como el de La Cava, el PERIM de Tenería, las posibles edificaciones en La Peraleda, el PAU del Observatorio, el POM o las nuevas construcciones anunciadas por el alcalde en el Valle».
Fernández ha recriminado que el servicio de arqueología esté privatizado desde el año 2014, una circunstancia que pone en duda los verdaderos criterios de este servicio.
Además, ha reprochado el edil de IU que el equipo de Gobierno, después de que la anterior empresa que prestaba el servicio renunciara al mismo, lo haya mantenido sujeto a contratos menores desde noviembre; una fórmula, subraya, «que huye de los criterios de transparencia y son adjudicaciones casi a dedo a empresas que el equipo de Gobierno quiere».
El portavoz municipal de IU ha resaltado la precariedad a la que se va a someter este servicio dado que el precio a la baja es de 35.000 euros, inferior a los contratos de años anteriores y menos de lo que cobra un arqueólogo en la Junta de Comunidades, cuando además el pliego pide un arqueólogo de más de 10 años de experiencia y otro de más de 3, así como que alguno de ellos tenga conocimiento y licencia para el manejo de drones.
«Lo que estamos contratando no solo es precariedad, es que los informes de una empresa no van a tener, entendemos, los criterios de calidad suficientes en estos momentos en los que no tenemos POM, y en el contrato no se hace ni una sola mención a que trabajen para el POM; en los que estamos pendientes de las tramitaciones de estas obras faraónicas que quieren destrozar entornos naturales en la ciudad de Toledo, que están en el Valle», ha recriminado Fernández.
Precio de la vivienda
Por otro lado, y con motivo de la primera piedra de la promoción de 124 viviendas que van a construirse en el Polígono residencial, Txema Fernández ha defendido que las nuevas construcciones han de hacerse «con criterios de utilidad social, no con criterios de adjudicación a empresas que buscan su rentabilidad empresarial».
En este sentido ha insistido en que para considerar una vivienda asequible la unidad familiar no debería dedicar más del 30% de los ingresos y las nuevas viviendas estarán por encima de 550 euros a los que hay que añadir suministro y pago de impuestos municipales. «Esto es no querer entender que la ciudad de Toledo no tiene esa realidad social y económica y mucho menos la población a la que quieren dirigirse, que es la población joven», ha concluido.