La Audiencia Nacional ha ratificado la decisión del juez Pablo Ruz de enviar a un juzgado de Toledo la parte del caso Bárcenas que investiga la adjudicación supuestamente irregular a Sufi de un contrato de basuras del Ayuntamiento de la ciudad en el año 2007.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ratificado la decisión de Ruz de enviar a Toledo la investigación por la concesión al Ayuntamiento de esa ciudad de un contrato de limpieza y basuras con la empresa Sufi, filial de Sacyr-Vallehermoso.
Para la Sala, «concurren claros indicios de entregas de efectivo de un montante de 200.000 euros por parte de Luis Bárcenas al gerente regional del PP de Castilla La Mancha (…) cuyas sumas al parecer tenían su origen en Sacyr Vallehermoso y estaban supuestamente destinadas a subvencionar los gastos de la campaña electoral del PP en las selecciones autonómicas de 2007«.
Los magistrados alcanzan esta conclusión al resolver 9 recursos contra el auto de transformación en procedimiento abreviado de la pieza de los papeles de Bárcenas, en el que, el pasado 23 de marzo, Pablo Ruz dio por acreditada una caja B en el PP, consideró al partido responsable civil subsidiario, y propuso juzgar a 6 imputados, entre ellos Bárcenas, Lapuerta y el exgerente Cristóbal Páez.
En este sentido, la Sala entiende que los extesoreros del PP Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta actuaron sin «intervención o interferencia» de sus superiores y que no hay indicios para imputar en relación a la caja B al presidente Mariano Rajoy, a la secretaria general, María Dolores de Cospedal, o a sus antecesores Ángel Acebes y Francisco Álvarez Cascos.
La Sala confirma la resolución de Ruz, al rechazar en tres autos los recursos presentados por Manos Limpias y IU (acusaciones que pedían proceder contra Rajoy, Cospedal y Acebes), el PSOE de Valencia, Observatori Desc, ADADE y los acusados Bárcenas, Lapuerta, Páez y Laura Montero, empleada de la empresa de arquitectura Unifica (encargada de la reforma de la sede de Génova).
La Sala señala que, al igual que «existen nítidos indicios de participación» de los imputados «y entidades también implicadas», «al contrario no se han acumulado indicios suficientes para imputar a otras personas llamadas en su día como imputados» como es el caso de Acebes, al que posteriormente se le levantó la imputación.
La Sala rechaza así la petición de IU para averiguar las posibles responsabilidades penales de los que han sido secretarios generales del PP, al estimar que resulta «tarea reiterativa e ineficaz, pues ya se ha efectuado con el resultado exculpatorio que aparece en el procedimiento».
IU llegó a pedir en su escrito de acusación una condena de 15 años de cárcel para Acebes, a expensas del resultado de este recurso, lo que ya no podrá mantener a tenor de los acordado por el tribunal.
Manos Limpias pidió también la imputación de los secretarios generales y del presidente Mariano Rajoy, a lo que la Sala contesta que los «particulares comportamientos de los sres Bárcenas y Lapuerta, desde su condición de Tesoreros del Partido Popular, en cuya órbita y conforme a sus funciones pudieron llevar a cabo las presuntas conductas penales de las que son objeto, sin intervención o interferencia de terceros ajenos a ellos», no pueden «acarrear sin más las imputaciones pretendidas».
El tribunal debate y tumba los argumentos de algunas acusaciones respecto de la premura en poner fin a la instrucción de esta causa y subraya que solo «el celo mostrado en una más que minuciosa tarea investigadora como la acometida es argumento suficiente para alejar cualquier duda acerca de lo aventurado».
Añaden que si «a pesar de la completa instrucción no se han detectado comportamientos penales para con otras personas distintas de las expresamente señaladas» es «sencillamente porque se carece de respaldo indiciario tras el resultado de la investigación judicial».
Los magistrados insisten en que el auto de Ruz detalla «hasta la saciedad» los hechos delictivos «a la vez que identifica a los presuntos participes de los mismos sin dar entrada a terceros ajenos a esa participación que no se cubre acudiendo a determinados cargos ostentados en la formación política».
Aún están pendientes de resolución los recursos de los propietarios de Unifica Gonzalo Urquijo y Belén García y del expresidente de Sayr Luis del Rivero.