La Comisión Municipal de Hacienda, Régimen Interior y Contratación se ha reunido para entregar a los distintos grupos municipales del Ayuntamiento de Toledo la documentación del expediente de adjudicación del contrato de limpieza y recogida de basuras con la empresa SUFI en 2007.
La comisión se ha reunido por la iniciativa del Gobierno municipal después de que el alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, anunciase que desde el gobierno local estudiarían la posibilidad de personarse como acusación particular en el caso Bárcenas por el presunto cobro de una comisión por el PP de Castilla-La Mancha derivada de ese contrato. El objetivo de la convocatoria de la comisión es aclarar los detalles de la adjudicación del contrato.
La comisión municipal ha pedido a los técnicos del Consistorio su valoración a cerca de determinadas cuestiones y singularidades relativas al expediente de adjudicación del contrato que se firmó en 2007 con la empresa Sufi-Sacyr, por 63 millones de euros y un periodo de 10 años de vigencia.
Entre las singularidades que presenta el contrato destacan que la valoración de las ofertas no fue realizada por los técnicos municipales, sino por una empresa externa, un trámite que no es frecuente en este tipo de convenios, y la ausencia del informe del economista municipal, que es el encargado de llevar a cabo el seguimiento del cumplimiento de los servicios. A estas particularidades se une el error en la duración del contrato, ya que en algunos casos se estipula en siete años prorrogables otros siete, y finalmente, aparece fijada una vigencia de diez años prorrogables a cuatro más.
Además, se ha consultado acerca del hecho de que el contrato se firmara sin haberse renovado el convenio laboral, lo que produjo un conflicto con los trabajadores que el anterior Gobierno local del PP resolvió con la firma de un documento sin trámite administrativo, lo que provocó que desde entonces el Ayuntamiento toledano haya tenido que asumir un sobrecoste de 600.000 euros en este servicio.