La consejera de Empleo y Economía de Castilla-La Mancha, Carmen Casero, ha opinado que «nunca es tarde» para corregir «privilegios que tienen carácter feudal» como la oficina y el personal que, de acuerdo con la legislación regional, mantiene el expresidente autonómico José Bono.
Casero, en una entrevista en Rcm, se ha pronunciado así al ser preguntada por el coste de 160.000 euros anuales que tiene para las arcas públicas la oficina, las dos secretarias y el conductor que están a cargo de Bono en su condición de expresidente, según publica hoy Abc.
La responsable del Ejecutivo castellanomanchego ha indicado que los ciudadanos «entenderían perfectamente» que se retiraran estos «privilegios», recogidos en la Ley del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha que fue aprobada en 2003 con apoyo del PP y del PSOE.
En este sentido, ha recordado que, pese al apoyo prestado a la ley en 2003, en la pasada Legislatura su grupo presentó iniciativas para suprimir esas «prebendas», algo que rechazó el PSOE, si bien el entonces presidente, José María Barreda, renunció a las mismas.
Carmen Casero ha dicho entender que los ciudadanos se indignen ante este tipo de situaciones y ha sugerido que serán corregidas en la línea de «austeridad» emprendida por el PP castellanomanchego y que ya se ha traducido en la retirada de los sueldos fijos de los diputados autonómicas.
La consejera ha considerado «incoherente» que el PSOE se oponga a dicha norma y ha planteado que, hasta que no frene «la hemorragia política» que padece, haga autocrítica y asuma el papel en el que le han puesto los ciudadanos, no será útil a los castellanomanchegos.
En otro orden de cosas, ha reiterado que el Gobierno confía en que a finales de 2013 comience la recuperación económica y la creación de empleo en la comunidad autónoma después de que, hasta ahora, se haya conseguido «estabilizar» el estado de bienestar social, que, a su juicio, hace año y medio «se derrumbaba».