La Diputación Provincial de Guadalajara va a estudiar la interposición de una demanda contra la anterior responsable de la Institución Provincial, María Antonia Pérez León, por malversación de caudales públicos, ya que la expresidenta no ha querido aclarar hasta el momento cuál ha sido el destino que se dio a una cámara de vídeo, una batería y un trípode que se adquirió con dinero público mientras ella era la máxima responsable de la Diputación.
Hay que recordar que cuando el actual equipo de Gobierno tuvo conocimiento de dicha adquisición, concretamente por la actual responsable de la oposición socialista, se puso en contacto con los diferentes servicios de la Diputación para tratar de localizar esta compra. Asimismo, se solicitó información tanto al Servicio de Prensa como al de Turismo, ya que en la factura con cargo a Presidencia figura «Turismo-Presidencia» como supuesto destino de la cámara. Dado que todos ellos negaron conocer su existencia y como los bienes de la Diputación hay que incluirlos en el inventario, se solicitó información también al respecto pero la respuesta fue que en el inventario no se han incorporado estos bienes, «lo que resulta todavía más sorprendente si tenemos en cuenta que la señora Pérez León aprobó un inventario en el año 2010», informa la Diputación en nota de prensa.
Desde el equipo de Gobierno de la Diputación «no se entiende cómo se gestionaban los recursos públicos por parte de los anteriores responsables, siendo esta una muestra más de su forma de actuar, que se une a los teléfonos móviles Iphone que se adquirieron con puntos por facturas pagadas por la Diputación, y que el anterior equipo de Gobierno se llevó y nunca ha devuelto, por valor de casi 10.000 euros».
Pero es que, además, el anterior vicepresidente y actual alcalde de Marchamalo, Rafael Esteban, «también negó en un primer momento haber enviado mensajes de texto a móviles para otros fines de los contratados por la Diputación y, finalmente, ha terminado admitiendo que lo hizo, desviando los recursos de la Institución Provincial para fines de su propio ayuntamiento.
«Y ahora es una cámara de vídeo que adquirió la entonces presidenta, la misma que dice que no sabe dónde está», han declarado desde el equipo de Gobierno anunciando que se estudiará interponer la correspondiente demanda por malversación de caudales públicos, como ya se hizo contra el actual alcalde de Marchamalo.
«Esto es solo una muestra de lo poco que les importa el dinero público, del poco respeto que le tenían», han manifestado, «por no hablar de las claves de las redes sociales Twitter y Facebook, de las que se apoderaron desde el primer momento y se negaron a transferir al actual equipo de Gobierno cuando tomó posesión, como hubiera sido normal en el traspaso de poderes, ya que las redes sociales representan y pertenecen a la Institución Provincial».