La reacción sindical sigue subiendo de tono a lo largo del día. Los nuevos recortes anunciados por María Dolores de Cospedal para sanear las cuentas públicas amenazan con un diciembre muy caliente en la calle.
La Intersindical de CLM (STE, STAS y SF) rechaza con total rotundidad, por injustos e injustificados los nuevos recortes que se acaban de presentar. Ni los servicios públicos ni sus empleados hemos sido los causantes del déficit y no tenemos que pagarlo. El gobierno ya nos ha hecho pagar a los empleados públicos, funcionarios y laborales, una parte de esta crisis, pues ya nos ha reducido el sueldo una media del 10%, sumando la rebaja del sueldo y lo que ha subido el IPC.
Estos recortes son una declaración de guerra del gobierno al conjunto de los empleados públicos y a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, por lo que debemos responder con contundencia, pues resistir hoy es avanzar mañana.
Los 370 millones de euros que suponen los nuevos recortes que acaba de anunciar la Presidenta de Castilla-La Mancha, que ya es conocida como Cospe «manostijeras» pues lo único que ha hecho desde que llegó al gobierno es recortar en todos sitios menos en su sueldo, suponen profundizar en la línea emprendida en el pasado mes de septiembre con el recorte de 1.815 millones, lo que sin duda traerá más deterioro a los servicios públicos y peores prestaciones a los usuarios.
Por otro lado, según informa EFE, la secretaria general de la FSP-UGT CLM, Carmen Campoy, según explica en un comunicado, ha indicados que su organización va a «iniciar contactos» con el resto de sindicatos de empleados públicos regionales para tomar las medidas que consideren «oportunas».
«Hoy todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha hemos sido testigos de cómo se pone en venta nuestra comunidad y de cómo se nos miente», ha añadido Campoy, tras conocer las medidas de la segunda fase del Plan de Garantías de los Servicios Sociales básicos.
Ha entendido que «el desmantelamiento del sector público en la región va unido a un ataque frontal a los empleados públicos, con un recorte de un 3 por ciento del salario», cuando se les había quitado un 5 por ciento, «y el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales».
Para Campoy, «estos nuevos recortes anunciados por el Gobierno suponen un nuevo atentado contra la negociación colectiva existente y vulneran todas las materias objeto de negociación que otorgan las leyes a los representantes legales de los trabajadores».
En referencia a la privatización de los hospitales de Almansa, Villarrobledo, Manzanares y Tomelloso, ha recordado que han sido «construidos con el dinero de todos los castellanomanchegos y ha asegurado que no se notará la diferencia.