El consejero de Hacienda, Juan Alfonso Ruiz Molina, y el coordinador regional de IU, Daniel Martínez, han coincidido en que el nuevo modelo de financiación autonómica debe ser justo con Castilla-La Mancha y tener la dotación adecuada para prestar los servicios públicos esenciales.
Estas consideraciones las han realizado, en declaraciones a los periodistas, tras la reunión que han mantenido con el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, dentro de la ronda de contactos que mantiene la Junta para tener una propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica que sea de toda la región.
El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que han trasladado a Izquierda Unida esta necesidad de que la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica sea «un asunto de región».
Ruiz Molina ha dicho que el nuevo modelo debe garantizar un nivel mínimo de prestación de servicios fundamentales teniendo en cuenta las dificultades que se puede tener por variables como la superficie o la dispersión de la población.
También debe haber un reparto equitativo de recursos, en particular entre el gasto de las comunidades autónomas y el esfuerzo que tienen que hacer para reducir el déficit, y debe ser justo entre las autonomías partiendo de que el modelo de financiación debe ser un «instrumento de reequilibrio entre renta y riqueza».
El consejero ha matizado que el modelo de financiación autonómica es «un asunto muy importante» y ha recalcado que la Junta va a redactar un documento consensuado con todas las fuerzas políticas.
Por su parte, el coordinador regional de IU ha explicado que quieren colaborar con el Ejecutivo castellanomanchego para lograr que el próximo modelo de financiación sea «adecuado» a los servicios que la región presta y a las necesidades de los ciudadanos.
Ha agregado que el actual modelo «tiene a Castilla-La Mancha infradotada económicamente» teniendo en cuenta los servicios que presta y es «injusto», porque crea desequilibrios territoriales, además de que es «absolutamente insolidario».
Para Izquierda Unida, una de las «claves» del nuevo modelo debe ser incluir la vivienda dentro de los servicios públicos esenciales, una propuesta que ya lanzó en 2009, aunque no fue tenida en cuenta.