El Consejo de Gobierno aprobó el jueves la toma en consideración del anteproyecto de Ley de Garantía de Ingresos y Garantías Ciudadanas de Castilla-La Mancha, que podría generar unos 1.000 puestos de trabajo a tiempo completo, un aumento de la producción para la región de 90 millones de euros y un retorno vía impuestos de 2,9 millones de euros.

Así lo ha desgranado la consejera para la Coordinación del Plan de Garantías Ciudadanas, Inmaculada Herranz, junto al vicepresidente segundo, José García Molina, quienes han destacado que con este anteproyecto se comprometieron a formar parte del Gobierno regional, dieron su «palabra» y la han «cumplido».

Tal y como ha expresado García Molina, a pesar de que no hay cuentas regionales para 2019, la ley puede ser asumida con los presupuestos prorrogados de 2018 y desde Podemos intentarán «lo más pronto posible» que llegue al Consejo Consultivo y a las Cortes a través de procedimiento de urgencia.

La futura norma contempla un sistema de garantía de ingresos que se articula en torno a dos prestaciones: los planes de empleo como fórmula prioritaria, y la Renta Garantizada como derecho subjetivo para aquellos que no accedan a las políticas activas de empleo.

La consejera ha adelantado que el impacto del derecho de garantía de ingresos llegaría a 23.700 hogares, es decir, 92.160 beneficiarios, de los cuales 37.900 son menores de 18 años.

Asimismo, los ciudadanos podrán tener acceso priorizado a las denominadas garantías complementarias como la vivienda, el transporte, la educación y acompañamiento para la inclusión social y laboral. Se estima que el derecho a las garantías complementarias podría alcanzar a 100.000 familias, un «impacto amplio y extenso para la ciudadanía de Castilla-La Mancha».

Según la memoria económica elaborada por la Universidad de Castilla-La Mancha, por cada euro invertido en la norma retornarían 1,43 que se traducen en aumento de producción.

La diferencia entre este cuarto borrador y el primero es la incorporación de garantías complementarias, añadiendo algunas más en materia de transporte o cuestiones de bienestar social. Asimismo, otra de las diferencias es la coordinación con entidades locales y del tercer sector, mientras que los tramos de renta garantizada se han mantenido «prácticamente idénticos».

«Es un momento muy importante para nosotros y para Castilla-La Mancha», ha asegurado Herranz, señalando que la norma promueve la igualdad social, la libertad individual y de desarrollo colectivo, como reza el Estatuto de Autonomía.

«No ha llegado el apocalipsis ni se ha roto Castilla-La Mancha»

De su parte, García Molina ha destacado que con esta ley «esencial» se generan «más garantía y estabilidad», y al contrario de lo que sostenían algunos con la entrada del Gobierno a Podemos, no ha llegado la «Apocalipsis» ni se «ha roto» Castilla-La Mancha.

«Cuando esta ley se materialice nos va a hacer un poco más libres. Hablar de esta ley es hablar de más seguridad, más tranquilidad y menos miedo a la hora de pensar en nuestra vida cotidiana y a la hora de encarar nuestro futuro».

Herranz ha resaltado la participación de sindicatos, entidades locales y del tercer sector, así como otros colectivos en esta ley, elaborada con un «procedimiento impecable», con documentación aportada, así como un informe de impacto de género sobre familia, infancia y de personas con discapacidad.

Así, ha mencionado que supone una nueva inversión de 27 millones de euros, situando el conjunto de la inversión total para la garantía de ingresos de 61 millones de euros, lo que supone un 0,3 por 100 del presupuesto de Castilla-La Mancha, ha afirmado Herranz.

Respecto a la ley de Participación Ciudadana, García Molina ha señalado que está en proceso para pulir «lenguaje técnico», pero estima que en las primeras semanas de enero podría pasar por el Consejo de Gobierno.