Con toda probabilidad, este jueves el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha aprobará la Ley de Integridad de Castilla-La Mancha, una legislación que establece las incompatibilidades de los altos cargos y detalla los posibles conflictos de interés, además de establecer un régimen de sanciones. Una ley que también establece una prestación por inactividad para los altos cargos y los diputados que cesen de sus funciones y no puedan reingresar a la actividad laboral.
Esta última prestación no estaba en el proyecto que impulsó el Gobierno de Castilla-La Mancha, sino que se ha incorporado en el debate de enmiendas. Concretamente, esta la presentaron conjuntamente el PSOE y el PP.
Recoge que cuando un alto cargo o un diputado cese de su actividad y no pueda regresar al puesto de trabajo que ocupaba antes de su nombramiento, tendrá derecho a una prestación por inactividad laboral.
La duración de la misma se puede extender hasta los dos años y la cuantía vendrá determinada por los ingresos anuales que tenía antes del cese, cobrando el 80% del mismo durante el primer año y el 60% el tiempo restante.
Las prestaciones serán presentadas a la oficina de integridad, un órgano de nueva creación que dependerá de la Vicepresidencia Primera del Gobierno de Castilla-La Mancha y que gestionará estas prestaciones.
El régimen de incompatibilidad más restrictivo
La consejera portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, justificó la inclusión de esta prestación, a preguntas de los periodistas este miércoles, en que la Ley de Integridad contempla «el sistema de incompatibilidad más restrictivo de toda España».
Y es que la ley «no solo prohíbe a exaltos cargos tener un empleo en empresas y entidades con las que hayan tenido contacto», sino que también «establece sanciones» en el caso de incumplirse.
«Para que la gente se pueda dedicar a la actividad pública tienen que tener una garantía de reinsertarse«, explicó. Así, Padilla recordó que «en las Cortes, los diputados y diputadas no tienen derecho a subsidio por desempleo».
El PSOE recuerda que ampara las incompatibilidades
Fuentes socialistas explican a encastillalamancha.es que la medida solo afecta a aquellos cargos que por las incompatibilidades que recoge la ley no puedan reincorporarse a su puesto de trabajo. No ocurrirá así en aquellos casos en los que regresen, como ocurre con los funcionarios o con personas en excedencia en las que no haya incompatibilidad.
Recuerdan también que, aunque la duración es de 12 meses, si la persona que recibe la prestación consigue un trabajo, dejaría de recibirla. Quedan excluidos también de la prestación aquellos excargos y exditupados que, pudiendo regresar a su trabajo, no deseen hacerlo.
En este sentido, añaden estas fuentes, la ley impide que los políticos de Castilla-La Mancha reciban ningún tipo de indemnización o de cesantía después de haber ocupado un cargo público. Quedan expresamente prohibidas en la ley.
El PP lo considera «justo»
Por su parte, el PP consideró esta prestación como «justa», según expresó la diputada Carolina Agudo, ya que da garantía de dos años a los políticos que cesen. «La ley evita, además, la indefensión de todos los cargos», subrayó.
Vox lo califica de «paguita»
Las críticas a la prestación vienen por parte de Vox, que calificó esta prestación de «paguita camuflada», puesto que aunque cree que la Ley es necesaria, reprocha, en palabras del diputado Luis Blázquez en el debate de enmiendas, que «la intención de esta ley es camuflar una paga para los altos cargos del Gobierno que cesan por cualquier causa».