La Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha ha calificado la proposición de ley de PSOE y Podemos encaminada a la garantía y continuidad en la región de los servicios públicos, tras la entrada en vigor de la ley de reforma de la Administración Local, según han informado a Efe fuentes del Parlamento autonómico.
La proposición de ley fue presentada por los portavoces del PSOE y Podemos, Blanca Fernández y David Llorente, respectivamente, el pasado jueves 29 de octubre.
En la exposición de motivos del texto calificado, se plantea la necesidad de aprobar leyes autonómicas que se adapten a la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que se aprobó el 27 de diciembre de 2013 y entrará en vigor el 1 de enero de 2016.
Así, plantea que el objetivo de la ley es clarificar y dotar de seguridad jurídica el régimen aplicable a competencias «tan esenciales» como la educación, la sanidad y los servicios sociales.
«Para que puedan seguir prestándose por los municipios hasta tanto sean definitivamente asumidas por la Administración autonómica tras la aprobación del nuevo sistema de financiación autonómica», expone.
En nota de prensa, las Cortes de Castilla-La Mancha han explicado que, una vez calificada por la Mesa de las Cortes, la proposición de ley se remitirá al Consejo de Gobierno para que dé su visto bueno a la tramitación.
Lo previsible es que se tome en consideración en el pleno que se celebrará el próximo jueves, día 12 y a partir de su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes se abrirá un periodo de ocho días -vía de urgencia- para la presentación de enmiendas, que serán debatidas en la Comisión de Asuntos Generales.
Una vez debatida, la proposición de ley tendrá que ser aprobada definitivamente en pleno.
La proposición de ley presentada por ambos grupos parlamentarios, consultada por Efe, recoge que la ley se aplicará en la comunidad autónoma y en las entidades locales incluidas en su ámbito territorial.
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS A LAS ENTIDADES LOCALES
Así, apunta que la comunidad podrá delegar competencias a las entidades locales, si bien ésta «deberá ir acompañada en todo caso de la correspondiente financiación, para lo cual será necesaria la existencia de dotación presupuestaria adecuada y suficiente en los presupuestos de la Junta de Comunidades para cada ejercicio económico».
Además, la proposición de ley apunta que el ejercicio de las competencias por las entidades locales que fuesen distintas de las propias y de las atribuidas por delegación «sólo será posible cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la hacienda municipal» y «no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra administración pública».
Respecto a las competencias en educación, plantea que seguirán siendo ejercidas por las entidades locales hasta que la comunidad autónoma asuma su titularidad en los términos previstos en la normas reguladoras del sistema de financiación de las comunidades autónomas y haciendas locales.
Las competencias en materia de participación en la gestión de la atención primaria de la salud, prestación de los servicios sociales y de promoción, y de reinserción social continuarán siendo prestadas por los municipios en tanto no sean asumidas por la comunidad.
El resto de competencias atribuidas a las entidades locales, recoge la proposición de ley, también serán ejercidas por éstas y corresponderá al Consejo de Gobierno aprobar la asunción de la titularidad de estas competencias, así como las condiciones para el traspaso de los correspondientes medios económicos, materiales y personales.
La propuesta presentada por el PSOE y Podemos faculta al Consejo de Gobierno para la aprobación de la normativa reglamentaria para el desarrollo de la ley.
EL PP SE OPONE A LA LEY QUE EL PSOE Y PODEMOS DEFIENDE
El PP de Castilla-La Mancha ha opinado que la propuesta de PSOE y Podemos para garantizar los servicios públicos con la entrada en vigor de la ley de reforma local supone «dar la puntilla a los ayuntamientos», mientras que los socialistas han defendido que minimiza «los efectos» nocivos de la ley estatal.
El portavoz adjunto del PP en las Cortes regionales, Carlos Velázquez, y la portavoz socialista en el Parlamento autonómico, Blanca Fernández, han hecho estas consideraciones en rueda de prensa después de que la Mesa de las Cortes haya calificado esta propuesta, pese al voto en contra de los ‘populares’.
Velázquez ha criticado que la iniciativa se haya traído a las Cortes en forma de proposición de ley por parte de estos dos grupos parlamentarios y no la haya impulsado el Gobierno regional como proyecto de ley.
A su juicio, esta circunstancia es consecuencia de la intención de los socialistas de «evitar los controles y procedimientos de control e inspección de los servicios jurídicos de las Cortes», pues las proposiciones de ley «se pueden votar sin informe del Consejo Consultivo y de los distintos servicios jurídicos de las consejerías correspondientes».