El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha destacado que el refuerzo de la vigilancia en el campo por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ha arrojado unos resultados «bastante positivos» en agosto.
En una entrevista en la Televisión de Castilla-La Mancha, recogida por Efe, Labrador ha añadido que no solo se han frenado los robos en el campo, sino también los delitos de receptación, es decir, la venta de los objetos robados.
En este sentido ha agradecido la colaboración de los agricultores y ganaderos, a quienes, no obstante, ha vuelto a hacer «un ruego»: que se deje trabajar a los «profesionales», que cuando se habla de proteger los derechos fundamentales, «dejemos a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que son los que están preparados y están haciendo un trabajo excepcional».
Respecto a la reforma del Código Penal que aprobará el Consejo de Ministros ha dicho que se van a endurecer las penas por los robos en el campo atendiendo a criterios de multirreincidencia, al daño causado (no tanto el valor económico de lo sustraído) y la situación de despoblamiento.
Así, este tipo de robos se podrán castigar con penas de cárcel, al pasar de un año de prisión (que no conlleva ingreso en centro penitenciario) a tres años de cárcel.
No obstante, pide ver el problema, que causa alarma social, en sus justos términos y en su «realidad», ha dicho el delegado del Gobierno.
En este sentido ha explicado que mientras que el índice medio de criminalidad en España es del 47,7 por 100, el de Castilla-La Mancha se sitúa en el 35,1 por 100 y en Ciudad Real está en el 29,4 por 100.
Ha indicado que aunque estas cifras son buenas y demuestran que la región es tranquila, siempre se puede mejorar y el objetivo, ha precisado, es ir «bajando poco a poco» estos porcentajes.
Respecto a la campaña de la vendimia, ha explicado que aunque se sigue contratando por el retraso con que viene la cosecha, se constata la menor presencia de temporeros extranjeros frente a un aumento de contratación de españoles.
A fecha del jueves 19, había 5.040 autorizaciones de temporeros de nacionalidad rumana frente a los 8.800 del año pasado.
Cree, no obstante, que como la cosecha este año es un 20 por 100 superior a la del año pasado irá aumentado la contratación.
Ha destacado el «trabajo excepcional» tanto de las organizaciones agrarias como de los sindicatos y de otros sectores implicados en la campaña de la vendimia para que las cosas se hagan bien y conforme al ordenamiento jurídico, ha dicho.
Respecto al problema catalán ha recordado que nuestra norma se rige por la Constitución de 1978, que recoge que la soberanía reside en «todo el pueblo español».
Pero, «los problemas de soberanía son tan serios que no pueden corresponderse con un problema de financiación en un momento concreto», ha señalado Labrador.