La situación de los ayuntamientos es crítica desde el punto de vista económico. En gran medida por las deudas sin pagar contraídas por la Junta de Comunidades. Por otro lado, el Gobierno Cospedal ha detectado que exite una importante duplicidad de competencias entre la Junta, las diputaciones y los ayuntamientosy que el mapa de convenios enre la administración autonómica y los municipios no siempre responde a criterios de lógica.
El consejero de Presidencia y Administraciones Públicas, Jesús Labrador; y el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha, Santiago Lucas Torres (FEMPCLM), se reunirán próximamente para abordar dos grandes problemas que tienen los ayuntamientos de la región, como los de toda España: la prestación de servicios que nos les competen directamente a los municipios y el cobro de las deudas contraídas por la administración regional.
A su vez las corporaciones locales también tienen pagos pendientes a la comunidad autónoma, aunque la cifra es mucho menos relevante, si bien es un asunto a tratar y ordenar.
No será el último encuentro ni tampoco es el primer contacto. Otro de los objetivos inmediatos es explicar con detalle a los municipios, a través de la FEMP, cómo afectan los recortes de la Junta a los convenios que se venían firmando con las administraciones locales. En este sentido, el Ejecutivo espera, y así se ha trasladado a alcaldes del PP en reuniones internas del partido, que los ayuntamientos se disciplinen en sus gastos e inversiones.
Según las fuentes consultadas por encastilallamancha.es, la Junta ha empezado a normalizar ciertos pagos y lo seguirá haciendo de manera ininterrumpida, si bien la asfixiante situación de la tesorería regional no permite afrontar los compromisos al ritmo que las partes desean.
El Gobierno quiere que la FEMP, donde están presentes todos los ayuntamientos y diputaciones de la región, sirva para coordinar la relación de la Junta con las corporaciones locales fijando criterios objetivos para la firma de convenios destinados a la prestación de servicios y marcando prioridades para el pago, más allá del evidente de la antigüedadd de la deuda contraída.
Se pretende poner sentido común para racionalizar los convenios de la Junta con los ayuntamientos, de tal manera que se eviten excesos o duplicidades.
Por ejemplo, hay pueblos que disponen de centros para prestar determinados servicios sociales con medios que no están justificados por su número de habitantes y, sin embargo, otros con más población y conflictos carecen de ellos. Hay comarcas enteras en las que no hay determinados centros que en otras zonas existen cada cinco kilómetros.
En otras ocasiones se solapan los convenios de las diputaciones con los de la Junta o viceversa.
En cualquier caso, el mapa trazado por el Ejecutivo revela graves desequilibrios entre provincias y municipios en cuanto a los convenios que se firmaban y, por lo tanto, los servicios que prestaban a sus ciudadanos.