Las comunidades autónomas encaran en 2015 el año electoral más difícil, una cita marcada por el impacto que puede tener la irrupción de Podemos en el mapa autonómico y por la necesidad de atraer nuevos votantes, o al menos retener los antiguos, sin aumentar el gasto público.
El 24 de mayo de 2015 es la fecha señalada en rojo en todos los municipios españoles y en trece comunidades autónomas, todas salvo Galicia, País Vasco, Andalucía y Cataluña.
Precisamente, los presidentes de estas dos últimas, Susana Díaz y Artur Mas, fueron protagonistas casi absolutos del año recién terminado, la primera por su papel clave en la renovación del PSOE y el segundo por el reto soberanista que ha encabezado y que podría desembocar en un adelanto electoral en los próximos meses.
Susana Díaz tendrá que decidir en 2015 si permanece en Andalucía o, por el contrario, opta por competir con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, para ser candidata a la Presidencia del Gobierno.
Artur Mas afronta una decisión aún más compleja, la de llamar a los catalanes a votar en unas elecciones plebiscitarias como continuación del «proceso participativo» del 9 de noviembre que él lideró y por el que la Fiscalía le señala como posible autor de delitos de desobediencia grave, malversación, prevaricación y usurpación de funciones.
En buena parte como consecuencia del reto soberanista, ha cobrado vigor el debate sobre la necesidad de reformar la Constitución y sobre el funcionamiento del Estado de las Autonomías, cada vez más cuestionado por los ciudadanos en los sondeos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Según sus datos, ya sólo uno de cada tres españoles cree en él tal y como está, cuando en 2005 lo hacía uno de cada dos.
Los casos de corrupción y la evolución de las cuentas públicas han deteriorado la imagen de las autonomías, buena parte de las cuales volverá a incumplir en 2014 el objetivo de déficit fijado por el Gobierno central en el 1 %.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha pedido medidas urgentes para siete de ellas (Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía y Baleares) por ese motivo, pero es probable que otras se les se les sumen en ese incumplimiento.
El escenario es aún más complicado para 2015, cuando las regiones tendrán que reducir el déficit al 0,7 %, lo que limitará la capacidad de maniobra de los gobiernos a la hora de hacer ofertas electorales.
Para aliviar su situación, una vez descartada la reforma del modelo de financiación que muchas ansiaban, el Gobierno les ha dado un balón de oxigeno al fija en el 0 % el interés de la deuda contraída con el Estado. El Ministerio cifra en 7.400 millones de euros el ahorro que esas medidas supondrán a las comunidades y entidades locales.
A pesar de las estrecheces, buena parte de los presidentes autonómicos ha anunciado rebajas fiscales a sus ciudadanos durante el año electoral, el más activo de ellos el extremeño, José Antonio Monago, quien, a su pesar, ha sido protagonista por sus viajes a Canarias cuando era senador.
También ha acaparado foco informativo el presidente canario, Paulino Rivero, por su oposición frontal a las prospecciones petrolíferas en aguas próximas a Canarias, un asunto que, en el caso del Mediterráneo, enfrenta al jefe del Govern balear, José Ramón Bauzá, con la dirección nacional de su partido y el Gobierno central.
Rivero apura sus últimos meses como presidente, pues no repetirá en las autonómicas después de que Coalición Canaria haya optado como candidato por Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna.
Tampoco se enfrentará a las urnas de nuevo la presidenta navarra, Yolanda Barcina, y es probable que no lo haga Alberto Garre, sucesor de Ramón Luis Valcárcel en la Presidencia de Murcia.
No se han despejado las dudas sobre el futuro de Juan Vicente Herrera en Castilla y León, sobre el de Alberto Fabra en la Comunidad Valenciana y sobre el de Ignacio González en la Comunidad de Madrid.
Estas dos últimas autonomías y sus respectivas capitales serán los principales escenarios de la contienda electoral. Las encuestas coinciden en la dificultad de que el PP revalide su mayoría absoluta en ellas y el PSOE es consciente de que recuperar esos gobiernos sería clave para sus aspiraciones de futuro.
Como lo sería ganar en Castilla-La Mancha a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que volverá a presentarse y lo hará con una nueva ley electoral que reduce de 49 a 33 el número de escaños en las Cortes regionales.
Lo que nadie es capaz de aventurar es el impacto que tendrá en el mapa autonómico la llegada de Podemos, que ha renunciado a utilizar su marca en las elecciones municipales, pero no en las autonómicas.
Sin ni siquiera haber articulado la estructura del partido en las comunidades autónomas ni haber elegido candidatos, las encuestas dan al partido de Pablo Iglesias presencia en los diferentes parlamentos autonómicos, con una representación notable en lugares como la Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía y Navarra.
La fuerza de Podemos ha ido en aumento, en parte, por el impacto de los casos de corrupción que se han ido sucediendo y que en 2014 se plasman en nombres como Jaume Matas, Francisco Granados, Jordi Pujol o Carlos Fabra.
Seguirán coleando en 2015 las ramificaciones autonómicas del caso Noos, del caso Bárcenas, de la red Gürtel y de los ERE de Andalucía, que pueden suponer la imputación de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán.