La Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado hoy, con el apoyo de PSOE y Podemos y el rechazo del PP, una proposición no de ley que insta al Gobierno central a derogar la ley de 2012 de imposición de tasas en el ámbito judicial.
La proposición no de ley la ha presentado el grupo parlamentario socialista aunque el diputado de Podemos David Llorente ha indicado, en su primera intervención, que su grupo también tenía la intención de plantear una iniciativa en el mismo sentido, por lo que la ha apoyado.
La iniciativa aprobada también solicita al Ejecutivo central que destine a la partida de justicia, en los Presupuestos Generales del Estado, el importe que la medida europea destina a ello.
La diputada del PSOE Josefina Navarrete ha explicado que las tasas judiciales se suprimieron en España en 1986 y regresaron en 2012, con unas cuantías «tan elevadas» que más apuntaban a un efecto disuasorio que recaudatorio.
Esta ley de 2012 fue modificada en parte por reales decretos aprobados en 2013 y en 2015 pero aún así Navarrete ha criticado que la normativa sigue siendo «tremendamente discriminatoria» para las pymes y las ONG,s y «consagra una justicia para ricos y una justicia para pobres».
Navarrete ha aludido a los numerosos recursos y críticas que tuvo la aprobación de la ley de tasas judiciales y ha dicho de ella que «no solo fue una de las más represivas», sino que vulneraba el derecho a la justicia.
Por su parte, la diputada del PP Ana Guarinos ha dejado claro que el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado sobre esta ley y ha recordado a la diputada socialista que en 2003 el PSOE volvió a aprobar tasas judiciales, que después no derogó.
Guarinos ha subrayado que la justicia gratuita «existe en este país desde hace mucho tiempo» y que en el ámbito penal no hay tasas, y también ha citado que fue el Ejecutivo de Mariano Rajoy el que suprimió las tasas a determinados colectivos vulnerables como las víctimas de violencia machista.
La proposición no de ley aprobada hoy ha salido adelante, también, en comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, País Vasco o Madrid, entre otras.