Las Cortes han rechazado, con los votos en contra del PP y el apoyo del PSOE, pedir a la Junta la creación de un fondo de emergencia para las familias en situación de pobreza y riesgo de exclusión social, y al Gobierno central, que declare inembargables las prestaciones sociales básicas.
Estas son dos de las propuestas del grupo socialista en la moción presentada como consecuencia de la interpelación realizada al consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, en el último pleno antes del parón veraniego, relacionada con las políticas de ayudas ante las emergencias sociales.
Para defender la moción, la presidenta del Grupo Socialista en las Cortes, Matilde Valentín, ha denunciado que en los últimos dos años, el presupuesto de estos programas se ha reducido en un 74 por 100 y ha añadido que «de lo poquísimo que ha quedado», la ejecución presupuestaria a 1 de julio ronda el 25 por 100.
«Los trabajadores sociales se están partiendo la cara por derivar a las personas a Cáritas o Cruz Roja, para que les solucionen los problemas que no solucionan los poderes públicos», ha denunciado Valentín.
Tras aseverar que esta situación es consecuencia de la aplicación del «plan de destrucción de los servicios sociales básicos», como ha denominado al Plan de Garantía de los Servicios Sociales aprobado por el Gobierno regional, Valentín ha resaltado que el objetivo de su moción es «salvaguardar de la exclusión y pobreza a cientos, miles de personas que en Castilla-La Mancha se encuentran desprotegidos» por el Ejecutivo autonómico.
En concreto, la moción proponía al Gobierno central la reforma de la Ley del Enjuiciamiento Civil sobre bienes inemargables, para incluir en este apartado las prestaciones sociales destinadas a atender necesidades económicas básicas y, en todo caso, el subsidio por desempleo, la renta activa de inserción y las becas y ayudas al estudio para las enseñanzas universitarias y no universitarias, entre otras.
Además, ha pedido que el mínimo inembargable se incremente hasta los 900 euros.
La moción del PSOE que no ha salido adelante ha propuesto la creación de un Fondo Autonómico de Emergencia para las Familias, que permita dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos para financiar servicios educativos, sociales y para los dependientes.
También se solicitaba la ampliación de los recursos que destina Castilla-La Mancha a los programas de prevención e integración social, como el Ingreso Mínimo de Solidaridad.
TACHA A LOS SOCIALISTAS DE «DEMAGOGOS»
Por su parte, la diputada del PP María Pilar Martínez ha tachado al grupo socialista de «demagogo» y ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha sido el que ha garantizado los servicios sociales básicos en la región tras la «pésima gestión» del anterior gobierno socialista.
«Ha quedado claro quién se deja la piel en esta comunidad por las personas más necesitadas, quién ha puesto fin a una situación insostenible y ha priorizado para tener unos servicios públicos de calidad», ha afirmado Martínez.
La diputada del PP ha criticado que el PSOE no pusiera en marcha las medidas que ahora solicita, cuando según un informe de Unicef entre 2007 y 2011 se incrementó en un 120 por ciento el número de familias con todos sus miembros en paro, y ha resaltado que el Ejecutivo castellanomanchego ha impulsado un plan de familia para 2013-2016 en el que ha invertido 250 millones de euros.
Además, ha subrayado que la Junta acaba de convocar las ayudas de emergencia social por 2,5 millones de euros y destina al ingreso mínimo de solidaridad un total de 3 millones de euros para «resolver las necesidades de los últimos meses para las personas de Castilla-La Mancha que lo están pasando francamente mal».