El Gobierno de Castilla-La Mancha trabaja en una legislación que permita reordenar los Servicios Jurídicos de la Junta, así como poder coordinar las diversas tareas que tienen encargadas en la administración autonómica, fijar doctrina cuando se produce discrepancia de criterio en un mismo asunto y mejorar las exigencias de su acceso.
Así, a partir de la ley, que el Gobierno ya ha tomado en consideración en su reunión de hoy jueves, los letrados de la Junta solo podrán obtener su plaza por oposición, mientras que ahora se ha podido llegar por concurso interno.
También variará la exigencia para aprobar el examen, ya que la materia de estudio incluirá 350 temas, frente a los 60 actuales, que fueron declarados claramente insuficientes por el TSJ para un cuerpo de la cualificación como el citado.
Según ha explicado el consejero de Presidencia, Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno, Leandro Esteban, «los Servicios Jurídicos de la Junta son imprescindibles» y la opinión que el Ejecutivo tiene de ellos es la de «inmejorable, como profesionales que prestan su servicio como funcionarios. Son profesionales que prestan su trabajo en el ámbito de la Función Pública de una manera irreprochable y profesional».
«Son profesionales magníficos, pero queremos corregir y obtener transparencia en los procesos de selección», concluyó el consejero, quien añadió que que «a partir de este momento cualquier persona que acceda lo hará por oposición, a través del estudio de un temario, con un procedimiento transparente y en virtud de méritos de capacidad y concurrencia».
Los Servicios Jurídicos de la Junta se reparten en dos grandes bloques, los letrados del Gabinete Jurídico y los que prestan asesoría jurídica en las distintas Consejerías.
El objetivo de la reforma legal en la que se trabaja es también coordinar funciones entre ambos y para que los servicios de presten de una manera «armónica, coordinada y no inconexa entre sin de el fdinada y no inconexa entre sna manera «aja es tamb iusteban, «nsuficientes por el TSJ para un cuerpo de la cualificacií», con el fin de ganar seguridad jurídica y «para defender mejor los intereses generales», dijo Esteban.