Los ajustes aprobados por el Gobierno en los ámbitos educativo y sanitario con el objetivo de ahorrar 10.000 millones de euros han desencadenado la convocatoria de nuevas jornadas de movilizaciones.
Los sindicatos mayoritarios han convocado manifestaciones el próximo día 29 para defender los servicios públicos, y han tachado de «estado de emergencia económico y social» la situación actual.
Varias organizaciones estudiantiles, espoleadas por la anunciada subida de tasas universitarias, han convocado además una jornada de «huelga estudiantil» para el próximo 10 de mayo.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha admitido que las medidas aprobadas por el Gobierno son «difíciles» y que llegan en «un momento difícil», pero ha subrayado que el esfuerzo es «imprescindible» para mantener el estado del bienestar.
«Agradecemos el esfuerzo del pueblo español, de todos los españoles, el esfuerzo inmenso que estamos haciendo por cumplir, por ajustar nuestras cuentas para mantener nuestro estado del bienestar y poder salir de la crisis. Creo que con ese esfuerzo colectivo de todos los españoles, lo haremos», ha dicho Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo, en la que ha comparecido acompañada por los ministros Educación y de Sanidad, José Ignacio Wert y Ana Mato, respectivamente.
En materia sanitaria, el Ejecutivo ha dado luz verde al Decreto que permitirá un ahorro superior a los 7.000 millones de euros en gasto sanitario para garantizar la «sostenibilidad» y la «universalidad» de la sanidad pública y, al mismo tiempo, poner fin a los «abusos» en sus prestaciones.
Entre las medidas aprobadas destaca el «copago» de los medicamentos en función de la renta de los ciudadanos, incluidos los pensionistas.
La reforma sanitaria incluye el control del «turismo sanitario» y «fraudulento», mediante la adaptación de una normativa europea, que subsanará un error por el que no se pudo facturar a su país de origen la atención de unos 700.000 extranjeros al año, lo que ocasionó un gasto anual de 917 millones de euros.
El decreto sienta las bases para establecer una cartera de servicios común que elimine las diferencias entre las prestaciones que reciben los españoles en cada Comunidad Autónoma y que, según el Ejecutivo, «seguirán siendo gratuitas».
En el ámbito educativo, el gabinete ha aprobado el Decreto-Ley que permitirá a las comunidades subir el número de alumnos por aula de colegios e institutos y encarecer las matrículas de las universidades públicas, desde el curso próximo, para cumplir el objetivo de déficit autonómico de este año.
La norma ofrece a las administraciones una serie de posibilidades para ahorrar 3.000 millones de euros en el conjunto de los presupuestos autonómicos, pues cada una decidirá qué medidas aplica según sus necesidades.
En la educación universitaria, los alumnos de grado y los de máster que habilitan para ejercer una profesión tendrán que pagar entre el 15 y el 25 por ciento del coste real de la titulación, mientras que la media era del 15 por ciento hasta ahora.
Las condiciones se endurecen más para los repetidores, que deberán asumir entre el 30 por ciento y todo el coste de los estudios, según el número de matrículas que necesiten para aprobar.
En la enseñanza no universitaria, el tope de alumnos por clase se incrementa el 20 por ciento, vinculado a las tasas de reposición de vacantes de funcionarios docentes (un 10 por ciento en 2012). Hasta ahora eran 25 estudiantes como máximo en primaria y 30 en secundaria obligatoria.
El profesorado de infantil y primaria tendrá que dar al menos 25 horas de clase semanalmente y 20 en el resto de enseñanzas, sin perjuicio de la reducciones que correspondan por ejercicio de funciones de dirección o coordinación del centro.
De «situación de estado de emergencia económica y social» han tachado los dirigentes de Comisiones Obreras y UGT la situación creada por el Gobierno, al que han acusado de generar una «gran alarma» en la sociedad.
Los secretarios generales de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Cándido Méndez, han comparecido en rueda de prensa con el fin de informar sobre las manifestaciones convocadas para el próximo día 29 junto con la Plataforma en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos.
Méndez ha pedido a los ciudadanos que salgan a la calle porque «con la Sanidad y la Educación no se juega», una opinión que también ha expresado Toxo, quien ha arremetido contra aquellos que tratan de minimizar esta medida con frases «poco ocurrentes» y «despreciativas» hacia la sociedad.
Desde las filas del PSOE, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, ha asegurado que la «injusticia» es «la firma más clara» de las políticas adoptadas por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, puesto que todas las decisiones que ha tomado hasta ahora «golpean» a las familias de la clase media.