La portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, ha dicho que comprende que el nuevo plan de pago a proveedores esté siendo un «fracaso absoluto» entre los ayuntamientos de la región, ya que a su juicio es «una auténtica estafa».
Maestre ha hecho esta consideración en rueda de prensa después de que el jueves el consejero de Hacienda, Arturo Romaní, reconociese que el porcentaje de las entidades locales de la región que se han acogido a este mecanismo de pago «es muy bajo» y animase a los ayuntamientos a adherirse cuanto antes.
La portavoz socialista ha argumentado que es una «auténtica estafa, un fraude», porque limita la participación a aquellos ayuntamientos con «más dificultades, con cada día más deuda», ya que en algunos casos «no llega ni a cubrir ni el 10 por 100».
El plan de pago a proveedores reconoce solamente la deuda de las entidades locales con los proveedores privados, lo que «perjudica incluso más a los ayuntamientos cumplidores», ha lamentado.
Se trata de ayuntamientos -ha añadido Maestre- cuyos alcaldes en los dos últimos años «se vieron en la tesitura de emplear todos los ahorros para pagar a esos proveedores externos con los que acumulaban muchísimas facturas» y que ahora se quedan fuera del plan.
«Es intolerable la política de Cospedal de asfixia a los ayuntamientos, lleven dos años acumulando y aumentando un nivel de deuda y asfixia», ha subrayado la portavoz socialista, quien ha dicho que incluso alcaldes del PP han criticado los requisitos para adherirse a este mecanismo.
Ha criticado que el Gobierno de España y de Castilla-La Mancha «obligue» a los ayuntamientos a endeudarse con costes superiores al 5 o 6 por 100 de interés para pagar «algo que acumula otra institución como es el Gobierno de Castilla-La Mancha«.
Maestre ha resumido las críticas en que «el Ejecutivo autonómico de Cospedal no paga a los ayuntamientos, les cierra el grifo radicalmente, les obliga a financiar préstamos y ahora deja fuera a los que han hecho frente a la deuda de proveedores externos».
«A mí me da la sensación de que hay una estrategia muy muy estudiada, que es desmantelar los servicios básicos y esenciales que prestan los ayuntamientos», ha lamentado Maestre, quien ha recordado que la Junta les debe 400 millones de euros.