«La deuda que tiene el Gobierno de Castilla-La Mancha con los ayuntamientos de la región no es para que éstos paguen el Carnaval, sino para convenios que afectan a personas mayores, a la educación infantil, a personas con discapacidad… En definitiva, a los diferentes servicios sociales».
El diputado regional socialista José Molina no entiende cómo después de dos ediciones del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) «no se ha asumido ninguna obligación con los ayuntamientos de la región», lo que ha calificado de «lamentable».
Por eso ha pedido a la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que solicite de forma urgente «una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, para que se hable y se resuelva el pago a esos ayuntamientos, porque si no tendrán que cerrar esos servicios. Queremos que en ese Consejo se revise el acuerdo tomado hace unos meses para que se garantice el pago a los ayuntamientos».
Una deuda que ha cifrado en torno a los 400 ó 500 millones de euros, «y no estamos hablando de un problema de naturaleza administrativa, sino de una deslealtad profunda con todos los ciudadanos de la región».
Molina hacía estas declaraciones después de que ayer se conociera que el Gobierno de la comunidad autónoma ha solicitado otros 80 millones de euros para abonar facturas que aún están pendientes de 2012, tal y como anunció el consejero de Hacienda, Arturo Romaní.
Sobre este particular, el diputado socialista ha denunciado la doble vara de medir que tiene el PP, «porque este Gobierno sigue haciendo algo que venía criticando, al transformar el déficit en deuda pública, algo normal que hace el conjunto de las administraciones. Pero antes se achacaba a la herencia recibida y ahora a la crisis».