El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, acude hoy a la cita del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que dará comienzo a las 16.30, con un objetivo muy claro, conseguir que se apruebe el Plan Económico y Financiero de la región y, por lo tanto, obtener permiso para endeudarse y poder hacer frente a la elevada deuda de la Junta con sus proveedores, una situación que asfixia a las pequeñas y medianas empresas de la región.
El Gobierno y las comunidades autónomas abordan hoy en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el nuevo objetivo de déficit para este año y el mecanismo extraordinario de financiación para el pago a proveedores, entre otras cuestiones.
Este encuentro, que estará presidido por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, llega después de que el Consejo de Ministros diera su visto bueno a un objetivo de déficit para las autonomías del 1,5 por 100 del PIB en 2012 frente al 1,3 por 100 establecido para 2011.
A pesar del límite pactado, finalmente las comunidades registraron el pasado año un desequilibrio negativo en las cuentas de un 2,94 por 100, más del doble de lo previsto y mismo porcentaje que en el año 2010.
El jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, afirmó ayer en relación a este desvío que «el Gobierno se responsabiliza de todo» y asume el problema de las autonomías y los ayuntamientos, por lo que toma decisiones para «entre todos sacar a este país de la difícil situación en la que está, con un plan preconcebido, estudiado y que se está cumpliendo».
En el orden del día, al que ha tenido acceso Efe, se han incluido también otros temas como la información del Gobierno al CPFF sobre el límite máximo de gasto no financiero del presupuesto del Estado para 2012 y las estimaciones de las necesidades de financiación de las comunidades del pasado año.
Montoro mostró ayer su confianza en que ninguna autonomía pedirá en el Consejo que se «relaje» el objetivo de déficit, que para el conjunto de las administraciones se sitúa en el 5,8 por 100 del PIB.
«A nadie le conviene» solicitar más flexibilidad, advirtió el ministro, quien insistió en que es preciso adecuar los presupuestos a esta cifra y actuar con «moderación», además de llevar a cabo «políticas de realismo».
Las comunidades gobernadas por el Partido Popular han valorado la cifra marcada por el Ejecutivo, mientras que Andalucía y Cataluña ya han expresado su crítica al entender que el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo menor, a pesar de que las autonomías gestionan la mayor parte de los servicios esenciales.
Otro de los puntos más destacados de la cita será la presentación por parte del Gobierno de la iniciativa que ha puesto en marcha para el pago a proveedores por parte de las autonomías.
Este plan para pagar a proveedores consiste en un crédito por valor total de 35.000 millones de euros, con unas condiciones de pago a diez años, una carencia de dos años y un interés del cinco por ciento.