El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, niega «tajantemente» que en la región se vaya a producir ningún «desmantelamiento» de los servicios sociales y, para demostrarlo, apunta que la reducción real del presupuesto en Educación es del 19 por 100; en el Sescam, del 18 por 100 y en Asuntos Sociales, del 13 por 100.
Romaní aporta estos datos en una entrevista con la Agencia Efe en la que asegura que todo el esfuerzo del Gobierno regional está volcado en el mantenimiento de los servicios públicos, a los que se dedican «casi nueve de cada diez euros» de los 5.648 millones que la Junta puede gastar en 2012.
El consejero asegura que este año «es complicado», hasta el punto de que, con una estimación «prudente», asume que la economía regional caerá 2,2 puntos, medio punto más que la media nacional, si bien está convencido de que en 2013 se recuperará la senda del crecimiento.
Para ello, son necesarias las medidas adoptadas este año y es «importantísimo» que se cumpla el presupuesto, pues Castilla-La Mancha «tiene que salir del disparadero» que supone ser la comunidad con más déficit de España.
En cualquier caso, el consejero detalla que en la comparación con lo que se gastó en 2011 -no con lo que se presupuestó, porque los presupuestos «no eran verdad»- la reducción en gasto social es del 19 por 100 en Educación, del 18 por 100 en el Sescam y del 13 por 100 en Asuntos Sociales y opina que «todo el mundo entenderá» que una rebaja de ese importe «no es desmantelar nada».
Sobre todo, expone, porque hay margen para ahorrar sin perjudicar «la calidad ni la cantidad de los servicios», pues en Castilla-La Mancha «había mucho despilfarro» y había «mucha mala gestión».
En cuanto a la contestación social a esos ajustes, Romaní reflexiona que toda la sociedad comprende que hay que tomar medidas que son duras, pero «es más difícil» que se entienda cuando esas medidas afectan a cada uno, algo que «es humano», por lo que se pregunta cuántos de los que protestan lo hacen en defensa del sistema y cuántos por medidas particulares.
El consejero deja claro que la comunidad «debe» funcionar con los ingresos que tiene, de poco más de 5.000 millones, pues lo contrario implicará «seguir acumulando deuda y deuda hasta llegar a un punto insostenible».
En este contexto, plantea que entre 2009 y 2011, en Castilla-La Mancha se aprobaron «presupuestos desmesurados» para los ingresos que tenía la comunidad, pero sin embargo ese esfuerzo en gasto público «no tuvo ningún efecto» para reactivar la economía ni para el empleo, hasta el punto de que la evolución fue peor que en el resto de España.
«Eficiencia, buena gestión, contención de gasto e inversión medida y ajustada a las necesidades reales», es la receta de Romaní, quien también plantea tener en cuenta «el efecto multiplicador» de las inversiones, algo de lo que carecían, por ejemplo, las obras del Plan E.
Sostiene además que hay que reorientar la política de gasto público y buscar estímulos diferentes, como la supresión de trabas para sectores con potencial de desarrollo o las líneas de ayudas que existen en el Instituto de Finanzas, en Aval Castilla-La Mancha o en Sodicaman.
En la entrevista, el consejero plantea que, de momento, los ingresos se comportan según las previsiones, gracias, entre otras cosas, a que se ha recuperado el Impuesto de Patrimonio y a que se ha doblado el céntimo sanitario.
«Se han tomado medidas sobre los ingresos, aunque se nos acusa de no hacerlo», recalca Romaní, quien argumenta que, aunque en otro momento no se hubieran subido los impuestos, ahora la situación es «crítica» y procede hacerlo.
«EL PAGO A PROVEEDORES VA A TENER UN IMPACTO TREMENDO EN LA ECONOMÍA»
Romaní también sostiene que los 2.918 millones de euros que la Junta pagará en próximas fechas a sus proveedores van a tener un «impacto tremendo» en la economía regional, en una época en la que «la asfixia financiera» ha sido «tremendamente perjudicial» para las empresas.
Romaní, en la entrevista con Efe, hace estas declaraciones ante el visto bueno del Consejo de Ministros a Castilla-La Mancha a endeudarse para pagar sus facturas pendientes a través del mecanismo de pago a proveedores.
La Junta abonará mediante este mecanismo 593.906 facturas a 9.190 proveedores, con un desembolso total de 2.918 millones de euros.
El consejero recuerda que, en términos relativos, Castilla-La Mancha es la región que más facturas va a pagar, porque era la que más acumulaba, de modo que «el impacto va a ser muy beneficioso», pues «va a permitir a los empresarios disponer de liquidez», uno de los «problemas más grandes» que tiene la economía real.
«Con esto, aliviamos la situación, inyectamos liquidez o la gente reducirá el riesgo», expone Romaní, quien manifiesta su confianza en que será «una muy buena noticia para la economía regional y dará sus frutos».
El responsable de Hacienda de Castilla-La Mancha plantea que la Junta ha acumulado «un volumen increíble» de facturas sin pagar porque gastaba «mucho más» de lo que ingresaba y porque, además, no tuvo permiso para endeudarse desde 2010 hasta este año.
«El haber tenido el récord de déficit en 2011 tiene sus consecuencias: Somos también los que tenemos el récord en pagos pendientes a proveedores», concluye.
Romaní es consciente de que «la asfixia financiera ha sido terriblemente perjudicial para las empresas» y los impagos generan «un efecto dominó» entre las empresas de efectos muy nocivos.
«Por eso es muy importante ordenar las cuentas públicas, para que eso no ocurra. No puede ser la administración una asfixia, tiene que ser un apoyo al crecimiento, a la creación de empleo. No tiene que ser un obstáculo, ni un problema añadido», sostiene.
Al margen de lo que se pague por la vía de este mecanismo de pagos, quedarán pendientes otros 700 millones de euros correspondientes a subvenciones y a otras transferencias, por ejemplo a Ayuntamientos.
Algunas de esas subvenciones se concedieron por el anterior Gobierno sin el correspondiente crédito presupuestario, porque, como ha constatado el síndico de Cuencas, «se operaba con muchísimos defectos desde el punto de vista administrativo», lo que plantea dificultades para regularizar esa situación.
No obstante, el consejero deja claro que «el que no tiene la culpa es quien recibía la subvención», por lo que no puede pagar la «insensatez de algunos directivos que no observaban o cumplían los requisitos de las normas para conceder subvenciones».
«Eso es lo que queremos cambiar. Eso ahora no ocurrirá nunca más. Toda subvención tiene que llevar su crédito presupuestario, toda subvención tiene que tramitarse hasta el final como mandan los reglamentos y las leyes y toda subvención va a ser revisada por si no se cumplen los requisitos que se proceda al reintegro», añade.