El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afeado este miércoles al jefe del Ejecutivo regional, Emiliano García-Page, que utilice a los empleados públicos como «rehenes de sus amenazas políticas», al decir que sus puestos de trabajo correrían peligro si no se aprueba el techo de gasto estatal.
Así lo ha manifestado Núñez en una entrevista en un programa radiofónico de Onda Cero, en la que ha mostrado su «preocupación» ante lo que ha considerado que es la intención de Page, que expresó que sería lo correspondiente a los 100 millones que Castilla-La Mancha no podría gastar si no hay techo de gasto: despedir a 2.500 empleados públicos de Castilla-La Mancha, según ha informado el PP en nota de prensa.
En este sentido, ha explicado que, aunque no haya ‘techo de gasto’, la región recibirá en 2025 los mismos ingresos por parte del Estado que en los dos años anteriores, ya que los actuales Presupuestos Generales del Estado datan de 2023, por lo que ha cuestionado «qué hay detrás de esta amenaza».
Asimismo, ha incidido en que si el ‘techo de gasto’ y los presupuestos no se aprueban, lo que tiene que hacer el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es «disolver la Cámara y convocar elecciones», ya que «decidió gobernar con el separatismo y el independentismo» que ahora «le dejan tirado», ha sentenciado.
Ha añadido que «si hoy no hay ‘techo de gasto’ y Sánchez sigue al frente del Gobierno, es porque García-Page lo ha permitido», ya que a su modo de ver «le ha podido plantar cara» y no lo ha hecho y ahora quiere culpar al PP.
Carrera profesional sanitaria, ratios educativas y pobreza
Por otro lado, Núñez ha afirmado que Page lleva 10 años en el Gobierno de Castilla-La Mancha pero no ha recuperado la carrera profesional sanitaria, no cumple las ratios educativas y no pone soluciones para la situación de cerca de 700.000 personas en riesgo de exclusión social.
También ha criticado que el PSOE quiere que los ‘populares’ apoyen que no se exija que la despoblación cuente en un nuevo modelo de financiación autonómica, así como el nuevo «impuesto al agua», del que ha dicho que los socialistas califican como «bulo» pero los ciudadanos lo verán en su factura a la vez que los alcaldes se verán obligados a ejercer como «meros recaudadores» del Ejecutivo autonómico.