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jueves, 13 de febrero de 2025
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
El presidente reclama la aprobación - 13 febrero 2025 - Toledo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha avisado de que la no aprobación del techo de gasto puede suponer que la región no pueda gastar 100 millones lo que se traduciría en 2.500 despidos en la administración autonómica, aunque Page ha asegurado que se hará todo lo posible porque no tengan que llevarse a cabo.

«Que todo el mundo lo tenga claro, significa básicamente que nos van a recortar 100 millones de euros», ha subrayado Page durante la inauguración de Centro de Emprendimiento, Orientación, Acompañamiento e Innovación para el Empleo (COE), en Toledo.


Según los estudios encargados a la Consejería de Hacienda, esto supone «despedir a 2.500 trabajadores», aunque ha expresado que su determinación es «no despedir», poniendo en contraposición que sabe «lo que hicieron otros, con el primer soplo, abusar».

«El país va mejor económicamente, pero hay muchos problemas estancados de gestión administrativa, no es neutral que se paralicen las inversiones», ha subrayado el presidente regional, quien ha destacado que Castilla-La Mancha marca récord en exportaciones, en inversión extrajera, en creación de empleo y con mejores datos de paro, pero que las comunidades autónomas están siendo «víctimas colaterales» de la no aprobación.

Pide responsabilidad a los partidos políticos

Por ello ha pedido responsabilidad a todas las formaciones políticas, no solo al Gobierno, puesto que aunque le preocupa que no haya senda presupuestaria, cree que es peor todavía que no haya techo de gasto porque va a poner en dificultades a las comunidades autónomas puesto que «soportamos los servicios básicos para una sociedad, tenemos ese problema y afectaría a los grandes servicios públicos».

«No es normal que se nos esté exigiendo entrar en superávit», ha remarcado Page, quien ha pedido ayuda también a los agentes sociales para que puedan también presionar en este sentido para que el «guirigay» de la política nacional no termine produciendo recortes en las comunidades autónomas.

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