La portavoz del PP en Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, ha pedido hoy en rueda de prensa el cese de viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio González, por tener supuestamente una vinculación empresarial con Pablo Layna Calvo, el empresario que tenía subcontratada la gestión del almacén de residuos incendiado en Chiloeches (Guadalajara).
Riolobos ha pedido dos cosas al Gobierno de Castilla-La Mancha. En primer lugar, que el presidente de la comunidad autónona, Emiliano García-Page comparezca ante los medios para explicar todos los asuntos concernientes con el incendio del almacén de residuos de Chiloeches; y en segundo lugar ha exigido el cese de viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio González, por su vinculación con el empresario que gestionaba dicho almacén de residuos.
En un reportaje publicado por Interviú, al que ha hecho referencia Riolobos, se informa de que González y Layna tuvieron una relación empresarial. Por ello, Riolobos cree que el viceconsejero debe dimitir. Se ha referido a la gestión de la empresa y al control por parte de la Junta como «turbio caso» y cree que está lleno de «mentiras, falsedades y engaños».
Además, la portavoz ha comentado las irregularidades que denuncia este reportaje, entre las que se incluye la mezcla de residuos peligros con inertes o que las inspecciones que se realizaban en este almacén las conocían de antemano porque, supuestamente, la Junta de Comunidades les informaban de cuándo se iban a producir.
Otra de las supuestas irregularidades era la recogida de residuos peligrosos con un camión «al que le quitaban las placas cuando iba hacia el almacén» y había «pura falsificación en la trazabilidad de la gestión de residuos».
Riolobos ha afirmado que el almacén debería haber estado cerrado antes, porque desde marzo existían informes de las irregularidades que cometían en la nave incendiada. La situación se denunció por parte de la Junta ante la Fiscalía el 4 de agosto.
Hasta 30.000 toneladas de residuos llegaron hasta este almacén «10.000 más de las que informó el Gobierno. Lo que el Gobierno de Castilla-La Mancha permitió es una entrada de acumulación masiva de residuos peligrosos sabiendo que la empresa incumplía la normativa«, ha concluido Riolobos.