El alcalde de Carranque, Javier Martín, acompañado por el secretario general de Podemos Castilla-La Mancha, José García Molina, ha presentado en la Audiencia Nacional la denuncia por las supuestas ilegalidades en la gestión del alumbrado público de la localidad, llevada a cabo bajo la Alcadía de Marco Antonio Caballero (PP).
Ambos tienen fundadas sospechas de que estas supuestas irregularidades se habrían dado en otros pueblos del norte de Toledo, además de en la Comunidad de Madrid. «Vamos a tener que mirar en profundidad algunos casos en Castilla-La Mancha», ha dicho Molina, por si las adjudicaciones seguían un canon parecido al de Carranque. De hecho, la denuncia pide que se investigue en el marco de la trama Púnica, que afecta al PP.
«En el proceso (de Carranque) hay irregularidades porque en la mesa de concesión de los servicios hay gente que es juez y parte, que están implicados en la empresa (Elecnor)», ha añadido García Molina, quien ha agregado: «Hay un procedimiento que todo apunta a que es fraudulento, que se ha repetido en la Comunidad de Madrid y podría haberse dado en algunas poblaciones del Norte de Toledo», ha insistido.
Al respecto, ha anunciado su reunión hoy mismo con el alcalde de Pioz (Guadalajara), un pueblo de 4.000 habitantes cuya deuda es de 10 millones.
Según la denuncia del alcalde, todo habría empezado con la relación del excalde de Griñón con la empresa Asproener, que elabora el informe de auditoría energética, y cuyo contrato incluía una cláusula que le permitía participar como técnicos en las mesas de contratación en asuntos energéticos.
En este punto, según la denuncia, el Ayuntamiento contrató con otra empresa para que se encargara del alumbrado, Elecnor, por 22.552 euros al mes, sin que mediara concurso público (la ley establece que debe hacerse cuando supere los 18.000 euros, pero Elecnor, por el referido contrato, redactaría los pliegos de condiciones del concurso).
Frente a los citados 22.552 euros, según el alcalde, el recibo mensual de la luz en Carranque es de 4.000 euros («cuando en Illescas, que tiene cinco veces más población, es de 11.000 euros mensuales», ha constatado). A tenor de la denuncia presentada por el alcalde, además, habría concejales y familiares que tendrían participación en Elecnor, una subcontrata, de ahí lo de «juez y parte».
Asproener está siendo actualmente investigada por el juez Velasco en el marco de la trama Púnica, ya que tiene contratos supuestamente irregulares en 13 municipios madrileños, todos gobernados por el PP.