El borrador de un nuevo Estatuto de la Dirección Pública Profesional de la Administración de la Junta ha creado una suculenta polémica tras la denuncia del sindicato STAS-CLM de un caso de «cacicada». Dicho decreto -en fase de borrador- serviría para regular «la dirección pública profesional de la Junta», pero además también de sus organismos autónomos, para ascender a puestos directivos. Esto es, para fijar legalmente las condiciones y características que han de cumplir quienes vaya a ser elegidos para puestos ejecutivos, como los responsables organismos autónomos.

Hasta ahora, los directores provinciales, por ejemplo, eran un nombramiento político de entre el cuerpo de funcionarios de la Junta. Con esta modificación, aquellos puestos directivos (que están un escalón por debajo, por así decir, de los altos cargos) como los directores de centros u organismos dependientes de la Junta, jefes de Servicio o directores de empresas públicas, así como otros asesores o cargos estratégicos podrían ser desempeñados por cualquier persona con experiencia, sin que hiciera falta ser funcionario de carrera.

Desde STAS-CLM critican que, ante la posibilidad de que estos cargos sean desempeñados «por personal que no sea funcionario», los «alcaldes desfenestrados» y otros «amigos» puedan encontrar «una puerta de atrás para el acceso a la Admón. regional, con un contrato de alta dirección y sin pasar ningún proceso selectivo».

Además, según explican fuentes del sindicato, esto iría enfocado a conseguir una serie de contratos «de alta dirección» que tendrían «derecho a una cláusula y un finiquito» cada vez que hubiera un cambio. Así, temen que se utilicen «políticamente».

[ze_summary text=»Puestos directivos desempeñados por funcionarios o "excepcionalmente" por personas que no tengan esa condición»]Puestos directivos desempeñados por funcionarios o "excepcionalmente" por personas que no tengan esa condición[/ze_summary] 

Los puestos directivos, según se lee en el borrador del decreto, serían desempeñados por personal funcionario de alto nivel, en los subgrupos A1-A2 «de cualquier administración pública», que serían ascendidos «por principios de mérito y capacidad» y respondiendo «a criterios de idoneidad», por parte de la Administración de la JCCM.

Pero, en la exposición de motivos del borrador se explica la crítica de STAS de la siguiente manera: no hay «reserva en exclusiva al personal funcionario», ya que existe la posibilidad -marcada por la Ley 4/2011 de 10 de Marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha (aprobada por el entonces presidente José María Barreda)- de que «estos puestos puedan desempeñarse «por personas que no tengan esa condición»; es decir, que sean «procedentes de otros sectores de actividad con niveles de cualificación y experiencia adecuados».

Alcaldes o consejeros delegados de empresas podrían servir para el cargo

Esta experiencia estaría marcada por unos requisitos que, entre otros, exigen estar cualificado oficialmente sobre dirección pública o haber desempeñado puestos directivos, como «puestos que tengan atribuidas las funciones de máximo responsable – como la de alcalde/presidente- de entidades del sector público institucional de cualquier Administración pública e incluso puestos en empresas privadas como consejero delegado, presidente ejecutivo, etc.

«La regulación estatal deja un amplio margen a las Comunidades Autónomas para establecer el régimen jurídico» del personal directivo, se puede leer en el borrador del decreto que difunde el sindicato STAS-CLM, con lo que el Gobierno regional se reservaría a través de esta norma «la finalidad de impulsar el proceso de modernización de la función pública».

En el texto se establece una serie de requisitos que deben cumplirse «para que un puesto de trabajo pueda ser calificado como parsonal directivo», además de los procedimientos para aprobar y/o modificar las relaciones de puestos de trabajo.

Unos requisitos «de chiste», según STAS

Tanto los que acabamos de citar como otros tantos requisitos son para el sindicato denunciante «un chiste», ya que suponen «una discrecionalidad absoluta» porque no tienen en cuenta los principios de «igualdad, mérito y capacidad» ni la independencia u objetividad.

«El requisito principal que marca el Decreto es haber desempeñado durante dos años otros puestos nombrados a dedo», explica STAS-CLM en el comunicado difundido. Además, insisten, que «en caso de no reunir ese requisito, el Decreto permite que se pueda suplir con un curso de formación».

La Junta admite que el borrador está descartado

La polémica ha llegado hoy al Pleno de las Cortes Regionales y el PP ha exigido una explicación de este «escándalo» al Gobierno regional, ante lo que tanto el presidente Emiliano García-Page como la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, han respondido.

Por su parte, el jefe del Ejecutivo regional ha negado la mayor sobre este caso. Según informa Efe, Page ha negado la preparación de un decreto para colocar a altos cargos, porque -asegura- no va a consentir «que se coloque a ningún amiguete» en la Junta.

En medio del debate en el Pleno, el presidente regional ha pedido intervenir por alusiones al Partido Popular, ya que las declaraciones de la bancada popular «insinúan un delito» y del mismo modo ha asegurado que «ningún cargo público se va a quedar de funcionario público para toda la vida con prebendas de ningún tipo».

[ze_summary text=»Patricia Franco ha confirmado que la propuesta de decreto fue descartada en la Comisión de Secretarios Técnicos»]Patricia Franco ha confirmado que la propuesta de decreto fue descartada en la Comisión de Secretarios Técnicos[/ze_summary] 

Sobre el tema, también ha respondido la consejera Patricia Franco, para corroborar que sí existió una propuesta de decreto, pero fue retirada en la Comisión de Secretarios Técnicos por una serie de  «discrepancias técnicas», por lo que no se elevó al Consejo de Gobierno y no se ha tramitado, informa EFE.

Blanca Fernández: es un intento para «regularizar la figura de altos directivos»

También la portavoz socialista Blanca Fernández ha respondido a las críticas de los populares, pero a su vez ha explicado las pretensiones del Gobierno regional.

Fernández ha explicado que el Gobierno pretende regularizar la figura de altos directivos en las instituciones públicas para adecuar la elección de algunos cargos como los gerentes de los hospitales, que no tienen que ser funcionarios para desempeñar esa labor.

Los socialistas defienden que se trata de una posibilidad que contempla el estatuto básico del empleado público a la hora de contratar a altos directivos y no para  «hacer funcionario a nadie por la puerta de atrás», según recoge la Agencia EFE.

El PP critica la «cacicada» y pide que se retire el borrador

La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes, Ana Guarinos, ha exigido al Gobierno regional que retire el borrador de este decreto, tras la noticia que se ha dado a conocer y por el «escándalo» que supondría en la región, tras la «cacicada» de la enmienda para altos cargos en los pasados Presupuestos.

La diputada «popular» ha señalado que es la segunda vez que se produce algo así, pero en aquella ocasión, “tuvieron que dar marcha atrás y renunciar», tras denunciar en nombre de su partido las polémicas pretensiones del Gobierno regional.

“A ver si ahora también dan marcha atrás, porque los empleados públicos tienen que adquirir dicha condición a través de los méritos establecidos en la Constitución española, que son los de igualdad, mérito y capacidad”, ha señalado Guarinos, en referencia a lo publicado por STAS.