La Comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Toledo ha estudiado las conclusiones extraídas por los grupos políticos municipales tras la revisión del expediente del servicio de recogida de residuos sólidos y limpieza viaria que investiga el juez Ruz por el presunto cobro de una comisión de 200.000 euros por parte del PP de Castilla-La Mancha en la contratación de dicho servicio municipal.
El portavoz del Gobierno municipal, Rafael Perezagua, ha informado de que los grupos municipales del PSOE e IU han presentado sus conclusiones tras haberlo acordado en la última Comisión de Hacienda, celebrada hace aproximadamente un mes, y que el PP no ha presentado ningún documento.
Según el portavoz y tal y como informa el Consistorio en nota de prensa, el Grupo Municipal Socialista ha concluido, tras estudiar el expediente, que «la adjudicación y posteriores gestiones que se han realizado de este contrato en el período entre agosto de 2006 y mayo de 2007 han sido lesivos para los intereses municipales y supusieron una merma económica para el Ayuntamiento de Toledo en base a las decisiones que se tomaron sobre el mismo en ese período».
En este sentido, el Grupo Municipal Socialista, según reza el documento, ha detectado en la adjudicación del servicio que «se produjeron una serie de circunstancias excepcionales durante y después de la adjudicación» del contrato.
En este orden de cosas, el concejal ha afirmado que no ha quedado claro por qué se contrató a una consultora externa y por qué no existe un informe del economista municipal, tal y como se realiza en otras concesiones de servicios públicos.
En relación con el montante económico del contrato, Perezagua ha afirmado que el PSOE ha detectado un «error grave» al licitarse el contrato por siete millones de euros que fueron enmendados de manera posterior a la adjudicación elevándose a 10 millones.
Por otro lado, el documento también informa a la Comisión de Urbanismo de que el protocolo que firmó el Ayuntamiento para desconvocar la huelga de limpieza que se produjo en plena campaña electoral en el año 2007, y que fue ratificado cuatro días antes de las elecciones por la Junta de Gobierno Local sin ningún informe técnico ni económico, suponía una modificación del contrato inicial incrementando los costes del servicios en 2,5 millones de euros.
A este respecto, Perezagua ha señalado que este sobrecoste en el contrato fue «lesivo» para los intereses de las arcas municipales y, por tanto, de los toledanos.
«El contrato huele a chamusquina», ha añadido Perezagua, quien ha subrayado que en las explicaciones ofrecidas por los afectados «hay gato encerrado», poniendo en duda que se firme un recibí de un dinero que no se recoge o resaltando las rectificaciones de la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, sobre el destino del dinero supuestamente recibido.
Por su parte, las conclusiones extraídas del Grupo Municipal de IU entregadas en la Comisión de Hacienda celebrada, señalan que «el entonces equipo de Gobierno, del Partido Popular», prescinde de los servicios económicos municipales; «que queda demostrado que el contrato fue modificado de forma sustancial poco después de la firma con la nueva adjudicataria»; «que existen informes de los servicios técnicos municipales que manifestaban dudas sobre la viabilidad de la oferta presentada» y que «en el proceso de adjudicación se produce un cambio en el período de la misma, pasando de siete a 10 años y el aumento de la prórroga otros cuatro años más, sin ningún tipo de justificación».