La concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Albacete, Marisa Sánchez Cerro, y la portavoz del Grupo Municipal de IU, Victoria Delicado, han ofrecido una rueda de prensa para informar sobre una moción conjunta que se debatirá en el Pleno Municipal del próximo 29 de noviembre en la que se proponen alternativas para evitar que las familias sean desahuciadas de su vivienda habitual.
En esta moción se establece la necesidad de que el Ayuntamiento cree unos servicios específicos de información, asesoramiento, acompañamiento y mediación para intervenir en los procesos de desahucios, negociación de créditos, liquidación de deuda o renegociación de nuevas hipotecas. Una medida que permitiría poner a disposición de la ciudadanía un servicio público y gratuito de prevención, intermediación y protección ante el problema de los desahucios, que también se pondrá a disposición de las organizaciones sociales que trabajan con las víctimas de los desahucios.
En la moción también se regula que la Policía Local de Albacete no participara en ningún proceso de desahucio que se lleve a cabo en el término municipal, salvo que medie mandato expreso judicial; que el Ayuntamiento retirará los fondos que pudiera tener depositados en aquellas entidades financieras que, siendo beneficiarias de ayudas estatales, lleven a cabo algún proceso de desahucios; y que el Consistorio, a través de la empresa pública Urvial y del Instituto Municipal de la Vivienda, no iniciará ningún proceso de desahucios por impagos de alquileres, hasta que se modifique la Ley Hipotecaria.
La propuesta de PSOE e IU también solicita al Gobierno regional que, en colaboración con los ayuntamientos de la región, proceda a la creación de un parque público de viviendas sociales con el stock de viviendas existentes en función de la demanda y las necesidades de las familias en riesgo de exclusión social. Para este fin, el Ayuntamiento de Albacete pondrá a disposición de los servicios sociales una bolsa de viviendas en alquiler social entre las VPO de promoción municipal no adjudicadas o que queden libres.
En esta moción, PSOE e IU también solicitan que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a que, «durante el trámite de convalidación en las Cortes Generales del Real Decreto Ley que establece una moratoria de dos años para evitar los desahucios que cumplan unos determinados requisitos tan exigentes, que no contemplan a más de la mitad de las familias amenazadas por desahucio», abra un proceso de negociación con todos los grupos parlamentarios, con los agentes sociales y colectivos ciudadanos como Stop Desahucios o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, con objeto de que se incluya, en relación a la vivienda habitual y con carácter retroactivo, que la dación en pago salde la deuda pendiente, los intereses y costas judiciales.
Asimismo, la propuesta establece que la moratoria contemplada en el mencionado Real Decreto no suponga un incremento de la deuda contraída con el banco y que las medidas contempladas en el decreto sean de aplicación a todas aquellas familias que estén en situación de insolvencia.
La moción también solicita al Gobierno de la nación que paralice todas las ejecuciones de desahucios en viviendas sociales, y a que legisle, con carácter de urgencia, para permitir que las viviendas propiedad de las entidades financieras procedentes de desahucios, puedan ser ocupadas por familias desahuciadas, abonando un arrendamiento social, cuya cantidad máxima anual será del 2 por 100 de la deuda pendiente y con el límite de que esa cuantía no pueda exceder, en ningún caso, un tercio de los ingresos totales familiares.
Por último, en la moción también se aboga porque, en el marco de modificación de la Ley Hipotecaria, se introduzca un artículo que disponga que la tasación de referencia en un proceso de ejecución hipotecaria no podrá ser inferior a la tasación inicial que se realizó para estimar el valor de la vivienda en el momento de acceder a un préstamo hipotecario. Esta propuesta, además de corregir la práctica habitual de tasar a la baja, propiciará que cuando se conceda un crédito hipotecario, la tasación para establecer el precio de mercado de la vivienda sea el real y no esté sobrevalorada, evitando así el sobreendeudamiento de las familias.